Esta medida busca evitar atrasos en las boletas y garantizar ingresos constantes para las empresas del sector, brindando previsibilidad tanto a los usuarios como a las compañías proveedoras de energía.

Se trata de un cambio significativo respecto a los aumentos discrecionales aplicados en 2024 tras años de congelamiento, lo que impactará en el costo del servicio para los consumidores. La implementación de esta actualización mensual busca reducir la distorsión en los precios y evitar ajustes bruscos que perjudiquen a los hogares y la industria.

Un nuevo enfoque para la revisión tarifaria

El esquema de ajustes surgirá de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), proceso que se iniciará en febrero. Esta revisión, liderada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), establecerá los nuevos cuadros tarifarios y definirá las inversiones que deberán realizar las empresas para mejorar el servicio.

En el área metropolitana de Buenos Aires, la revisión impactará en las tarifas de las distribuidoras Edesur y Edenor, mientras que, en el resto del país, cada provincia se encargará del proceso.

Incrementos graduales y previsibles

El ministro de Economía, Luis Caputo, instruyó a la secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, a que los ajustes anuales no superen el 10% para los usuarios finales. Además, los incrementos podrían fraccionarse en cuotas mensuales para mitigar su impacto.

Las compañías del sector han insistido en la necesidad de un sistema de actualización mensual de tarifas para garantizar la rentabilidad y viabilidad de sus inversiones. Desde el Gobierno sostienen que la estabilidad macroeconómica y la reducción del riesgo país facilitarán el acceso a financiamiento para estas empresas.

Antecedentes y cambios en el sistema tarifario

En 2023, el Gobierno había diseñado un esquema de ajuste mensual basado en una fórmula polinómica que contemplaba la inflación minorista, mayorista y la evolución de los salarios. Sin embargo, este sistema no se aplicó para favorecer la desaceleración del índice de precios al consumidor (IPC). Durante 2024, los aumentos tarifarios fueron discrecionales y no siguieron la metodología originalmente prevista.

El objetivo del nuevo esquema es normalizar el sistema energético y permitir que las empresas del sector celebren contratos de compra y venta de energía de manera libre, en línea con la política de desregulación del actual gobierno. Esta medida podría redefinir el futuro de los subsidios a la energía.

Impacto en usuarios y subsidios

Las tarifas finales de luz y gas incluyen cuatro componentes: costo de energía, transporte, distribución e impuestos. Actualmente, los subsidios estatales solo se aplican al costo de la energía, mientras que transporte y distribución corren a cargo del usuario.

El primer año del gobierno de Javier Milei cerró con la eliminación de subsidios para más de 800.000 hogares, lo que representó un ahorro fiscal de aproximadamente USD 3.000 millones. De cara a 2025, la secretaria de Energía trabaja en un nuevo esquema de subvenciones que reduciría la segmentación actual a solo dos categorías: usuarios subsidiados y no subsidiados, similar a la tarifa social implementada durante la gestión de Mauricio Macri.

Con este nuevo esquema de ajuste automático y una redefinición de los subsidios, el Gobierno busca equilibrar la sustentabilidad financiera del sistema energético con el impacto en el bolsillo de los consumidores.