Domingo, 19 de abril
Política

Javier Milei vetó las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad

La estrategia del Gobierno, que demoró la oficialización de los vetos para ganar tiempo, se centra ahora en conseguir los votos necesarios en la Cámara de Diputados para sostener el rechazo y evitar que las leyes sean sancionadas nuevamente. Para ello, la Casa Rosada ha intensificado las negociaciones con gobernadores y bloques aliados. Se habla de la posibilidad de acuerdos por la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de estrategias electorales conjuntas para los comicios del 26 de octubre.

En este contexto, se confirmó la incorporación de cinco diputados radicales (Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero) al bloque de La Libertad Avanza, un movimiento que fortalece la posición oficialista. El Gobierno también busca el respaldo del PRO y de legisladores federales.

Los principales operadores políticos del Ejecutivo, como el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el vicejefe de Interior Lisandro Catalán, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem, mantuvieron reuniones en las últimas semanas con más de siete gobernadores, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

En estos encuentros se negoció desde la conformación de frentes electorales hasta la competencia por separado para desplazar al peronismo en las provincias. El Ejecutivo ha reiterado su negativa a modificar la recaudación del impuesto a los combustibles, aunque se muestra dispuesto a dialogar sobre la cancelación de deudas y la transferencia de fondos, y analiza una posible concesión en el porcentaje del tributo destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL).

Con la publicación de los vetos, la disputa política se traslada al Congreso, donde el oficialismo pondrá a prueba su capacidad de articulación para evitar que las leyes sancionadas en el Senado vuelvan a ser aprobadas y entren en vigencia.

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