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La medida es para productores del sector primario afectados por la sequía, la caída de los precios y la baja en las ventas. La medida regirá desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2025, y busca aliviar la carga fiscal de uno de los sectores más golpeados de la economía provincial.
La decisión fue formalizada a través de un decreto firmado por el Ejecutivo, en el que se establece que los ingresos derivados de actividades agropecuarias estarán exentos del tributo provincial, conforme lo estipula el Código Fiscal. El documento incluye un Anexo I con el detalle de las actividades alcanzadas, mientras que el Ministerio de Economía fue facultado para dictar normas complementarias que aseguren la implementación efectiva del beneficio.
Un reclamo del sector
La medida surge a partir de reclamos conjuntos de organizaciones rurales que vienen advirtiendo sobre las consecuencias de condiciones climáticas extremas, especialmente la persistente sequía, que ha generado una fuerte caída en la productividad y en la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias.
“El escenario actual ha reducido de manera significativa los ingresos reales del sector, comprometiendo su capacidad contributiva y poniendo en riesgo la continuidad de numerosas unidades productivas, en particular las de menor escala”, indica el decreto.
Objetivo: sostener la economía real
Desde el Gobierno se enfatizó que esta acción forma parte de un conjunto de medidas fiscales excepcionales y de carácter transitorio, con el fin de contribuir a la recuperación del tejido productivo rural, clave no solo en términos económicos, sino también para el sostenimiento del empleo y el arraigo en zonas del interior.
“El Estado provincial debe asumir un rol activo para sostener la economía real en contextos de crisis”, señala el texto, subrayando el compromiso de la administración con los sectores más vulnerables del entramado productivo santiagueño.
Con esta medida, Santiago del Estero se suma al grupo de provincias que implementan herramientas fiscales diferenciadas para enfrentar la emergencia agropecuaria y evitar un mayor deterioro en las economías regionales.
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