En el marco de los profundos cambios estructurales que impulsa el Gobierno nacional, trascendió un plan que implicaría que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) pase a depender del Ministerio de Economía, lo que encendió alarmas entre trabajadores del sector y referentes gremiales.

Según fuentes cercanas a la entidad, la intención oficial sería modificar la composición del Consejo Directivo del INTA, hoy integrado por 10 representantes del sector público y privado, con el objetivo de reducir su número y quitarle representación al ámbito privado, lo que pondría en jaque el modelo de gobernanza que rige desde hace más de seis décadas.

La delegada de ATE Santiago del Estero, Rita Luna, sostuvo que se trata de un avance grave sobre la autonomía del organismo.
 

“El INTA es un organismo descentralizado, con autarquía operativa y financiera, con capacidad para gestionar sus recursos y definir sus políticas internas. Su Consejo Directivo fue establecido por el Decreto Ley 21.680/56. Si el gobierno lleva adelante esta medida, estaría incurriendo en un delito”, advirtió.

Luna denunció además que esta iniciativa forma parte de una estrategia de presión hacia el personal del instituto.
“Estas son noticias que el gobierno hace circular para amedrentar a los trabajadores. Lo que está ocurriendo es una guerra: algunos quieren destruir el INTA, y otros estamos luchando por salvarlo”, expresó con firmeza.

Finalmente, subrayó que si el plan avanza, el INTA perdería su capacidad de investigación y expansión, áreas claves para el desarrollo productivo del país.
“La investigación agropecuaria es la actividad más importante que realiza el INTA. Sin autonomía, su función científica queda en riesgo”, concluyó.

La filtración de esta propuesta generó fuerte rechazo en distintos sectores del ámbito técnico-científico, que ya evalúan acciones para frenar lo que consideran un intento de vaciamiento institucional.