El MPF repudia estos aberrantes fallos, lo cual no implica un agravio al Poder Judicial, sino que pone en evidencia la actuación de un juez en particular, ya que no es la primera vez que otorga la libertad a imputados de delitos de abuso sexual, lo cual pone en peligro la integridad física y psicológica de las víctimas ante delitos de tal magnitud y gravedad.

El día lunes próximo pasado -27 de mayo- las fiscales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual- circunscripción La Banda- Ana Azar junto a la fiscal coordinadora Alicia Falcione, requirieron la prórroga de prisión preventiva y la elevación a juicio para un hombre acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, en perjuicio de su hijastra de 6 años de edad.

Durante la audiencia las fiscales presentaron las evidencias y explicaron los potenciales riesgos procesales de la causa iniciada en diciembre del año 2021. Sin embargo el Juez interviniente resolvió elevar la causa a juicio otorgándole la excarcelación bajo caución juratoria.

Asimismo, el día de la fecha jueves 30 de mayo, durante una audiencia de prórroga de prisión preventiva el Dr. Torrelio reiteró su accionar y le otorgó el cese de prisión a un funcionario policial acusado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su condición de encargado de la guarda, en perjuicio de su hijastra de 8 años de edad.

Durante la audiencia, las fiscales Azar y Falcione, se explayaron en cuanto a las evidencias con las que cuentan en la causa que se inició a fines de julio del 2021, que ya se encuentra con requisitoria de elevación a juicio, y recalcaron los incumplimientos de las reglas de conducta del funcionario, ya que durante una requisa en el centro de detención se encontró un teléfono celular entre sus pertenencias.

Peso a todo ello y ante los peligros de fuga y entorpecimiento sumado a la pena en expectativa, el juez desestimó la férrea oposición de la fiscalía y le otorgó la libertad con una fianza de tres millones de pesos.

Ante esto la fiscalía, con el deber y compromiso de proteger a las víctimas, recurrirá ambas decisiones con los fundamentos que sostienen su postura.