El Concejo Deliberante de la Capital aprobó un proyecto de Declaración de la concejal Gabriela Ortiz (Frente Cívico) que manifiesta "su enérgico rechazo y repudio a los despidos realizados en perjuicio del personal de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en la ciudad Capital, haciendo extensiva nuestra solidaridad a todas las trabajadoras de esta Agencia que han sido desvinculadas en la provincia".

En los considerandos de la Declaración, Ortiz advirtió que los despidos "afectan sensiblemente la capacidad operativa de la oficina que a diario evacuaba diversas consultas sobre Pensiones No Contributivas por Invalidez" (PNCI), y que atendía no solo a vecinos de la Capital, sino del interior.

Además, indicó que fueron cerradas las oficinas de Monte Quemado, La Banda y Añatuya tras el despido del personal que allí se desempeñaba. Con relación a esto, se agregó que las PNCI es una prestación otorgada a aquellas "personas imposibilitadas en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social".

Asimismo, señaló que para el otorgamiento de esas pensiones se requiere acreditar el Certificado Médico Oficial (CMO), suscripto por profesional médicos de establecimiento sanitario oficial o de la Andis y con evaluación socio-económica de personal de esta Agencia. Es por eso que se alertó el grave perjuicio que ocasiona a este sector vulnerable de la sociedad el cierre de estas oficinas nacionales.

También se cuestionó la manera informal de comunicar los despidos, a través de un correo electrónico.