En este contexto, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC) ha denunciado una preocupante recurrencia de hechos violentos que afectan a las familias poseedoras ancestrales, así como también a empresarios titulares de buena fe.

El Conflicto de Sachayoj y el Patrón Sistémico de Usurpaciones Uno de los sucesos más recientes y paradigmáticos es el denominado conflicto de Sachayoj, ocurrido en el departamento Alberdi. El hecho involucró el ingreso de cuatro camionetas con 27 individuos armados, presuntamente organizados por un personaje conocido en la región, Quinteros, quien ya posee un historial delictivo similar en otros puntos de la provincia, como el departamento Aguirre.

Estos actos no son aislados, sino que responden a un modus operandi recurrente, donde bandas armadas son contratadas en un mercado negro para expulsar por la fuerza a ocupantes y poseedores de tierras, tanto campesinos-indígenas como trabajadores rurales. Tal situación se observó también en el conflicto entre los empresarios Franco Luna y Andrés Cadamuro, donde se ordenó la captura de Diego Kemel, hoy prófugo, tras ataques violentos en la comunidad de Las Abras, departamento Mitre.

Vínculos y Consecuencias Según denuncias del MOCASE VC, estas bandas armadas actúan con vinculaciones preocupantes con ciertos sectores empresariales y, en algunos casos, con redes de narcotráfico, exponiendo una situación de vulnerabilidad tanto para las familias campesinas-indígenas como para los empresarios titulares legales. Este fenómeno afecta gravemente la seguridad jurídica, generando:

• Ataques armados y enfrentamientos violentos.
• Heridos de gravedad y pérdidas humanas evitables.
• Despojo de tierras comunitarias y privadas.

Las familias campesinas-indígenas han debido enfrentar estas situaciones injustamente, defendiendo sus territorios ante un sistema que, en algunos casos, se ve desbordado por las maniobras ilegales de estas bandas.

El Movimiento Campesino y su Rol Dialoguista El MOCASE VC ha enfatizado su firme compromiso con la búsqueda de diálogo como único camino para la resolución pacífica y justa de los conflictos de tierras. La organización sostiene que tanto las comunidades campesinas-indígenas como los empresarios titulares de buena fe deben trabajar en unidad, a fin de garantizar:

1. Seguridad jurídica para todos los actores involucrados.
2. Respeto a los procesos judiciales establecidos por el Código Civil.
3. Instancias de mediación y acuerdos pacíficos que eviten la violencia innecesaria.

El MOCASE VC subraya que estos conflictos no solo frenan el desarrollo económico de la provincia, sino que también atentan contra la autonomía, el federalismo y la soberanía de los pueblos.

La Actuación del Gobierno Provincial 

En este contexto, el rol del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero ha sido clave como mediador en los diversos conflictos territoriales. La administración provincial ha demostrado un compromiso activo al asumir la responsabilidad de:

• Facilitar instancias de diálogo y entendimiento entre las partes.
• Proporcionar recursos y personal de diferentes carteras estatales para resolver las disputas.
• Promover soluciones pacíficas y justas que respeten los derechos de los actores involucrados.

Esta postura del Estado Provincial ha permitido resolver varios conflictos en los últimos tiempos, asegurando un marco institucional para dirimir las disputas, combatir las usurpaciones y desalentar el uso de la violencia como mecanismo de apropiación ilegítima de tierras.

La situación de usurpación de tierras en Santiago del Estero es un problema complejo que requiere de la participación coordinada de todos los sectores: comunidades campesinas-indígenas, empresarios titulares, organizaciones sociales y el Estado Provincial. El diálogo, la unidad y la intervención responsable del gobierno son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica, el respeto a los derechos ancestrales y la estabilidad social en la provincia.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina reafirma su compromiso con el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas, convencido de que no existe otra vía para defender los derechos, el desarrollo local y la soberanía provincial.