En el marco de un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Tucumán dispuso que los directivos del ingenio Santa Bárbara y de la empresa “Cía. Azucarera J.M.Terán S.A.” abonen 80 millones de pesos en concepto de reparación económica por el daño ambiental generado por sus actividades, en línea con un acuerdo propuesto por el fiscal general subrogante Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Daniel Weisemberg.

Para este proceso, el tribunal contó con la integración unipersonal de la jueza subrogante Carina Frías, vocal del TOF de Santiago del Estero. Los directivos imputados, los hermanos Julio José Colombres y José Agustín Colombres, enfrentaban acusaciones por delitos de contaminación ambiental conforme a los artículos 55 y 57 de la Ley 24051 de Residuos Peligrosos.

La resolución fue homologada por tribunal luego de la exposición realizada por Camuña y Weisemberg, quienes consideraron el acuerdo como una herramienta efectiva para mitigar los daños ambientales causados y evitar la reiteración de prácticas nocivas para el entorno en la comunidad de Santa Bárbara, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de la capital tucumana.

Como parte del acuerdo, se fijó una reparación económica de 80 millones de pesos, que será abonada en cuatro cuotas semestrales, con ajuste de acuerdo al índice de precios al consumidor. Estos fondos, que reflejan el compromiso de resarcir a la comunidad, serán destinados a mejorar las condiciones de vida en la zona afectada por las prácticas contaminantes del ingenio, que operó sin los controles ambientales adecuados. La suma reparadora será distribuida en la etapa de ejecución de sentencia conforme determine el juez de ejecución, quien supervisará también el cumplimiento de las condiciones del acuerdo por parte de los imputados.

Además, debido a la edad avanzada de los acusados, los dos Colombres fueron eximidos de realizar tareas comunitarias, aunque deberán llevar adelante en las empresas medidas de reconversión industrial. El ingenio Santa Bárbara, de acuerdo con lo manifestado por los imputados, se comprometió a cumplir con auditorías ambientales periódicas y avanzar hacia prácticas de producción más limpias y sostenibles, reduciendo así el riesgo de futuros impactos ambientales en la región.

Esta resolución destaca la importancia de la reparación económica como medio de justicia restaurativa, promoviendo la recuperación del ambiente y protegiendo el derecho a un entorno sano para la comunidad afectada, en sintonía con los principios constitucionales y de la Ley 24051.

Los acusados manifestaron además que firmaron un proceso de recomposición ambiental, a través de convenios con la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, y que tuvieron un cambio de política de industrialización, además de contar con un auditor ambiental que controla una producción limpia.