Esto se da entre el empresario extranjero Alfonso Fuentes Barrau, proveniente de España, y la Comunidad Indigena Sentimiento de Mí Tierra del Pueblo Originario Sanavirón. 

El conflicto comenzó hace más de 40 años cuando Fuentes Barrau usurpó los territorios comunitarios correspondientes al paraje Las Abras, ubicados en el Departamento Mitre, en ese momento constituido con diversas infraestructuras y sedes de instituciones públicas como Posta Sanitaria, Cementerio, Escuela, Registro Civil, Puesto Policial, etc. 

Además, este basto territorio fue históricamente utilizado por todas las familias de parajes circundantes como zona de pasturas para sus animales, constituyendo en muchos casos potreros, represas, pozos de agua, alambres, todo para el desarrollo de la producción animal de cada familia, así como cercos de frutas y verduras, haciendo un uso comunitario de la totalidad de las tierras, respetando la producción privada y la posesión de cada familia entre sí. 

Todas estas mejoras y construcciones, salvo el Cementerio, fueron arrasadas por Fuentes Barrau, expulsando a la gente que habitaba el pueblo de Las Abras, matando animales, eliminando vorazmente cualquier vestijio de mejora productiva, en pos de sus objetivos de acaparamiento. 

A partir de todo esto, las familias de todos los parajes circundantes y pertenecientes a la Comunidad Indígena han sufrido todo tipo de daños y violencia, por parte del mismo Fuentes y también por encargados, grupos de seguridad privada contratados por el mismo, etc. 

Fuentes Barrau ha ejercido durante años, una persecución sistemática hacia los miembros de la comunidad dentro de los territorios que este pretende, involucrando todo tipo de amenazas por parte del mismo "Gallego" en persona y sus encargados, tanto a integrantes adultos como a menores de edad, con uso de armas de fuego. También es responsable de la matanza de más de 3000 animales a familias indígenas vecinas, contaminación de represas, pozos de agua, cercos, a partir del uso de agroquímicos incluso la fumigación aérea ilegal por encima de las viviendas de las familias campesinas indígenas con la intención clara de desalojarlos forzosamente. Debido a esta última metodología de violenta expulsión es que la familia Acosta, perteneciente a la comunidad indígena en el paraje Pampa Atun, sufrió la pérdida de una de sus integrantes, Alicia Cisneros, cuyos hijos e hijas junto a su padre, siguen luchando por estos territorios comunitarios, organizados junto a las demás familias en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).

Es en este contexto, y en continuidad con la sistemática violencia ejercida por Fuentes Barrau, que nefastos personajes como Diego Kemel y Andrés Cadamuro aparecen en la escena del último tiempo.

Andrés Cadamuro, empresario oriundo de la localidad de Jesús María, Provincia de Córdoba, es conocido en la zona de Pinto, Depto. Aguirre por ser un personaje especialmente violento, con disponibilidad de grupos de gente armada de diferentes procedencias, contratados para provocar la expulsión de poseedores de sus tierras dándole paso a sus planes de arrendamiento.

Cadamuro, se vincula a Fuentes Barrau por medio de su encargado Diego Kemel, otro personaje reconocido en la zona por estar involucrado en robos de animales, bienes materiales de todo tipo, hasta incluso viviendas. También lo vinculan con el narcotráfico en la zona y es reconocido organizador de bandas armadas para la realización de estás operaciones.

Es sabido que Fuentes Barrau habría ofrecido una suma considerable de tierras limpias dentro del territorio de la comunidad indigena a cambio de que Cadamuro ejerciera posesión forzosamente. 

Esto lo haría, coordinado con el otorgamiento de una medida cautelar de "Restitución Anticipada de la Posesión" a favor de Fuentes Barrau, en el marco de un juicio civil llevado adelante por el Juzgado de Añatuya a cargo del Juez Álvaro Mansilla, quien ordena la Medida, a pesar de que no se haya llegado a sentencia alguna en el litigio.

La Oficial de Justicia, Silvina Mansilla estaría a cargo de ejecutar la medida ordenada y de acompañar a la banda armada vestida de seguridad privada al interior de los territorios comunitarios, siendo responsable directa junto con el Juez Mansilla, de la violencia provocada en los hechos sucesivos.

Todo esto sucede sin que las familias hayan sido notificadas de la medida cautelar. Tiempo más tarde, el MOCASE confirmaría la información de que era el mismo Diego Kemel que recibía las notificaciones haciéndose pasar por miembro de la comunidad indígena.

La Oficial de Justicia sería conducida hasta el lugar en una camioneta repleta de miembros de la banda armada seguida por otra de características similares y dos motocicletas tipo cross. La camioneta que llevaba a Silvina Mansilla en su interior, era conducida por Franco Luna, reconocido como líder de la banda armada y contratado en sus declaraciones por Diego Kemel.

Al llegar, tanto Silvina Mansilla como el grupo fueron entrevistados por las familias que se encontraban en el lugar declarando fraudulentamente pertenecer a las fuerzas de Gendarmería Nacional y empuñando a la vista de todos los presentes, armas de diverso calibre. 

Al intuir la falsedad de los dichos, los miembros de la comunidad indígena impidieron el avance de la banda liderada por Franco Luna, a lo cual fueron respondidos con amenazas de muerte y matanza de animales, sumado a la advirtencia del patrullaje ilegal de otros vehículos pertenecientes al mismo grupo armado en diferentes puntos del territorio comunitario.

Las familias organizadas logran detener el ilegal operativo y las camionetas se desplazaron hacia el casco de la Estancia de Fuentes Barrau, donde estaban instalados junto con Diego Kemel recibiendo visitas periódicas de Cadamuro para coordinar futuras operaciones.

Al finalizar el día, las familias organizadas se dieron con el hecho de que el camino histórico vecinal del cual hacen uso más de 20 parajes rurales de la zona, había sido arado, en clara intención de borrar cualquier vestigio de circulación por parte de la comunidad. 

Cabe mencionar que este camino conecta la ruta provincial 13, no solo con los parajes antes mencionados, sino que también constituye una importante vía de acceso a las escuelas primarias de El Albardón, Pampa Atun y El Cuadro. Además es conexión con los pueblos vecinos cercanos como Villa Unión, Pinto y Sumampa.

Al día siguiente, Franco Luna acompañado de otras 14 personas armadas se dispusieron a cerrar el camino vecinal. Enterados de esto, vecinos del paraje Pampa Atun proceden a reunirse en el lugar de la clausura, siendo interceptados en el camino por Andrés Cadamuro y Franco Luna, conduciendo dos camionetas repletas de gente que recurrieron a perseguirlos en claro gesto de hostigamiento.

Una tercer camioneta se cruza en el camino del vehículo de Pampa Atun. En ese instante, mientras seguía la persecución, los delincuentes realizan un intercambio de personal armado entre los vehículos mientras amenazaban a los miembros de la comunidad.

Al verse obligados a desviar su paso, los vecinos de Pampa Atun recurrieron a salir por el camino de acceso a la vivienda de la familia Herrera, también organizados en el MOCASE. Al tomar esta vía se dan con la novedad de que un Tractor, propiedad del empresario Cadamuro, estaba arando parte de las tierras comunitarias a unos 1500 m aproximadamente de la RP 13. 

En la vivienda de los Herrera, se reúnen varias familias para volver al camino clausurado e intentar reabrirlo. 

Una vez en el lugar, llegaría un patrullero de la Policía Comunitaria de Pinto, con 6 operarios que mediarían para la reapertura del camino vecinal. Logrado este primer objetivo, los oficiales ingresaron al territorio para identificar a cada uno de los miembros de la banda y las armas que ellos portaban. Cabe destacar que, en ese momento, varios integrantes del ilegal grupo de operaciones huyeron a esconderse para evitar ser aprehendidos. 

Terminadas las tareas policiales el patrullero se retira y unas horas después lo harían también dos camionetas pertenecientes al grupo de Cadamuro junto con el automóvil de Diego Kemel.

Aproximadamente a las 19 horas, volverían las mismas camionetas repletas de gente a alta velocidad rumbo a la Estancia de Fuentes Barrau. Unos minutos más tarde, estos mismos vehículos se llegarían hasta la entrada del camino vecinal donde los integrantes del MOCASE permanecían desde el horario del operativo policial.

Gente armada descendió de las camionetas con herramientas y postes para volver a cerrar dicho ingreso. Al encontrar resistencia por parte de los poseedores, recurren a retirarse. Los vehículos de Cadamuro, Kemel y Franco Luna toman una distancia aproximada de 50 metros y comienzan una balacera con armas de fuego de distinto calibre. Los delincuentes efectuaron cerca de 100 disparos en contra de los miembros de la comunidad. Esto ocasiona la herida de bala de goma de dos integrantes, una mujer de 30 años y un joven de 15 años, a la par de varios impactos de balas de plomo recibidos por la camioneta que los lugareños utilizaron para refugiarse.

A su vez, fue herido uno de los miembros de la banda armada que había sido arrojado al abandono en el mismo lugar donde permanecía la comunidad, instantes antes del tiroteo.

Los abogados del MOCASE se comunican instantáneamente con la Policía Comunitaria de Pinto que envía dos patrulleros más para garantizar la seguridad en el lugar del ataque. Tiempo más tarde, serían asistidos por una patrulla policial más proveniente de Villa Unión. 

Finalmente, las víctimas del ataque fueron a Pinto a realizar las denuncias pertinentes. 

En estos momentos las familias organizadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero siguen resistiendo apostados en el ingreso al camino vecinal que usan y usaron durante generaciones, defendiendo el territorio que siempre les perteneció ancestralmente, en el cual viven y producen.