Por la mortandad de peces registrada el pasado fin de semana en un brazo del río Salí, conocido como río Muerto (Tucumán), se abrieron en la Justicia Federal de Tucumán dos causas. Las mismas se suman a la que se comenzó a instruir en Santiago del Estero, en la Fiscalía Federal Nº 1 de Pedro Simón, por una denuncia de Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo provincial.

Ayer, el fiscal federal general ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez, abrió de oficio una causa penal por supuestos delitos ambientales a raíz de la mortandad de peces registrada en el sur de la vecina provincia, en un afluente de la cuenca interprovincial Salí-Dulce.

El funcionario judicial advirtió que ante los avances de la zafra azucarera "me siento en la obligación de hacerle saber a los dueños de los ingenios azucareros que tirar residuos (como la vinaza) a los cauces de los ríos, es un delito previsto por los artículos 55 y 56 de la Ley 24.051".

Paralelamente, el fiscal federal de instrucción Nº 1 de Tucumán, Carlos Brito, también dio apertura a una causa por este hecho, a partir de la denuncia de una particular. El magistrado federal, trascendió, habría solicitado las primeras medidas como tomas de muestras en la zona de la mortandad de peces.

Como se recordará, equipo del Programa de Monitoreo Permanente de Santiago del Estero tomó muestras de peces y de agua en el lugar el lunes 10, el día siguiente que se conoció esta mortandad. Estas muestras son analizadas en el laboratorio del Instituto de Hidrobiología y se esperan los resultados que den pistas del origen de este incidente.

Dos días después, el miércoles 12, en una segunda inspección por el sector, al equipo de técnicos santiagueños se sumó uno de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán que también tomó muestras.

Mientras tanto y con la idea de iniciar un trabajo conjunto para evitar estos episodios, la próxima semana, presumiblemente el martes, llegará a Santiago del Estero una delegación de funcionarios tucumanos para reunirse con autoridades de Fiscalía de Estado y de la Defensoría del Pueblo.