El Gobierno de Javier Milei decidió eliminar el registro de electrodependientes, una medida que garantizaba respuestas rápidas de las distribuidoras eléctricas ante cortes de energía. Las resoluciones 329/2024 y 330/2024, oficializadas a través del Boletín Oficial, llevan la firma del interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Dario Oscar Arrué.

La Resolución 329/2024 establece que las empresas distribuidoras ahora tienen un plazo extendido para responder a denuncias de falta de suministro eléctrico. Anteriormente, disponían de 48 horas, tanto días hábiles como inhábiles, para actuar. Sin embargo, ahora se les otorga hasta dos días hábiles desde el momento de la denuncia, lo que podría generar largas esperas para los electrodependientes, especialmente si el corte ocurre durante un fin de semana largo.

Por otro lado, la Resolución 330/2024 deroga las disposiciones que aseguraban la visibilidad de los hogares con electrodependientes ante el ENRE y garantizaban una respuesta prioritaria de las distribuidoras eléctricas. Este cambio implica que el registro ya no existe y el nuevo procedimiento aprobado no mantiene la celeridad requerida en estas situaciones. En su lugar, se establece que las distribuidoras tienen hasta 30 días hábiles para adecuar y disponer la conexión a una Fuente Alternativa de Energía (FAE), con sanciones aplicables por incumplimiento.

La Asociación Argentina de Electrodependientes (AAED) advirtió, hace una semana, sobre la intención del Gobierno de eliminar este registro. El presidente de AAED, Mauro Stefanizzi, señaló en esa oportunidad que existía un llamativo aumento de rechazos en las renovaciones del registro para electrodependientes que se realizan cada dos años.

"Se están rechazando a numerosos electrodependientes que utilizan respiradores (CPAP) con el argumento de que estos dispositivos 'poseen una batería externa'. Esto no solo contraviene la ley, sino que además pone en peligro vidas, ya que frecuentemente esas baterías se encuentran completamente descargadas", indicó Stefanizzi.

En este sentido, insistió en que la ley garantiza el derecho a una fuente alternativa de energía y un tratamiento tarifario gratuito. Finalmente, la determinación del Gobierno de eliminar el registro, podría traducirse en cortes de luz, debido a la imposibilidad de costear las facturas que se verán exacerbada por los aumentos tarifarios, y la falta de atención presencial en el Ministerio de Salud.

La quita de subsidios y aumenta las tarifas de luz y gas

El Gobierno oficializó el comienzo del periodo de transición hacia un nuevo esquema de subsidios energéticos, mediante la reducción de los topes máximos de consumos con subsidio para usuarios de ingresos bajos y medios, y un aumento de los precios mayoristas para el gas y la luz que significará incrementos para el usuario con los consumos de este mes.

Los nuevos lineamientos fijados por el Ejecutivo se conocieron este martes mediante cuatro resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, enmarcadas dentro de la etapa de transición para pasar de subsidios generalizados a focalizados, que va desde el 1 de junio al 30 de noviembre.

Si bien aún el gobierno no dio mayores precisiones sobre el impacto final sobre las boletas, la suba puede alcanzar hasta un 155% en el caso de la electricidad, mientras que en el gas rondaría el 6%. Las subas se aplicarán sobre el precio estacional (PEST) de la electricidad y el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).