El Gobierno de Javier Milei dispuso la derogación de 69 normas que, según el ultraderechista, "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado".

Entre ellas se derogó una norma que regía desde 2019 por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio, que en función de un análisis permitía o no los aumentos.

La norma derogada decía que "la relación entre escuelas privadas y educandos reviste características típicas de los contratos de adhesión, en los cuales el establecimiento dispone las condiciones generales a las que las alumnas y los alumnos se hallan sujetos" y que la Secretaría, en ese marco, estaba encargada de la "implementación de políticas y marcos normativos necesarios para afianzar los derechos del consumidor".

Ahora, a partir de la política de liberación de precios que implementa Javier Milei, los colegios y universidades privadas podrán realizar los ajustes que crean convenientes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin controles ni restricciones.

Esta medida se toma a pocas semanas de que los colegios secundarios reciban a alumnos y alumnas que adeudan materias de ciclos anteriores y a casi un mes del inicio de clases.