A cuatro décadas de la Guerra de Malvinas –con un digno adversario– seguimos corridos del eje del necesario enfoque de aquella neblina y su manto; seguimos polemizando acerca de un verbo –malvinizar– y su opuesto –desmalvinizar–, y solo nos quedamos con la semántica hueca. Recientemente, desde Ushuaia, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, llamó “a romper con la desmalvinización” y remarcó que durante mucho tiempo “sectores políticos (no precisó cuáles) intentaron desmalvinizar, para que el reclamo sobre la soberanía no sea una prioridad diplomática”.

Comparto ambos conceptos. En el Ejército, esa política se inició en junio y julio de 1982 con el recibimiento ingrato y humillante de los combatientes, particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Con altibajos, es una política que sigue vigente.

Los responsables directos fueron los generales Leopoldo Galtieri, Reynaldo Bignone, Cristino Nicolaides y Juan Carlos Trimarco. En 1983, este último instrumentó el fracasado pacto militar-sindical con el peronismo, en las elecciones en que se impuso el radicalismo.

Inicialmente, al gobierno de Raúl Alfonsín le costó desvincular la gesta de Malvinas de la dictadura cívico-militar. Sin embargo, fue el primer político argentino que públicamente valoró a los combatientes: “Las Fuerzas Armadas no merecen este destino (…) Es hora de escuchar al pueblo, esa es la voz de los oficiales, suboficiales y soldados que lucharon en Malvinas, y también de todos los miembros de las FF.AA., que han visto comprometida su institución y su misión por una minoría dispuesta a todo para aumentar su poder”.

Todos los años, en la Iglesia Stella Maris, Alfonsín presidía con sus ministros la misa en homenaje a los caídos en el conflicto y a los veteranos de guerra. En 1990, el presidente Carlos S. Menem continuó con ese oficio religioso. Hizo construir el cenotafio en la Plaza San Martín y durante su mandato el Congreso Nacional dispuso la entrega de la Condecoración Nacional, merced a la gestión del diputado nacional peronista Lorenzo Pepe. Menem también impuso una pensión de 145 pesos y luego una retribución de 300 pesos, pero solo a quienes revistaban en la función pública (menos del 10%). En el caso de los veteranos oficiales y suboficiales solo la recibía quien revistaba en actividad y cesaba al pasar a retiro. En 2004, el presidente Néstor Kirchner otorgó la actual pensión de tres jubilaciones mínimas por igual a todos los veteranos, suma que actualmente asciende a 176.000 pesos. Además, se incrementaron importantes servicios sociales.

Solo el 14 de junio de 2021, en un acto oficial, el entonces ministro de Defensa Agustín Rossi y el Estado Mayor Conjunto rindieron un justo desagravio a los veteranos de Malvinas. Habían pasado treinta y nueve años.

En 2007, a veinticinco años de finalizado el conflicto, se había producido algo incomprensible que, con tristeza, no puedo obviar. El entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, expresó: “Los vejámenes cometidos por oficiales no pueden verse separados o inexistentes con relación a todas las políticas de terrorismo de Estado llevadas a cabo en el territorio de la República. Creemos que es una causa importante ya que se abre un aspecto del terrorismo de Estado no analizado aún en el país, que es el comportamiento de los oficiales de las FF.AA. en Malvinas con relación a los soldados. Comprometen a hombres de las tres FF.AA. y que involucran a la totalidad de regimientos y cuerpos operativos desplegados en las islas”.

Se trata de una afirmación falsa, agraviante, injusta, aventurada y carente de prudencia por parte de un funcionario que debía pregonar el respeto por los derechos humanos, y afectaba impunemente al total de los oficiales (y no incluyo a generales). En extrema síntesis, todos éramos sospechosos de aplicar sevicias, vejámenes y torturas a nuestros soldados; todos éramos culpables, excepto que demostráramos lo contrario. Se vulneraba el principio de presunción de inocencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 por las Naciones Unidas, y de nuestra Constitución en su artículo 75, inciso 22. No me consta ninguna reacción ni crítica por parte de funcionarios políticos. Ignoro si la hicieron los jefes de las FF.AA.

En 2009 hablé con Duhalde en Colombia por una hora. Era evidente su aversión hacia las FF.AA. y hacia los jefes de unidades de Malvinas, y no obvió incluirnos en “los cuadros de la barbarie”. Nunca olvido que al mensaje institucional del Ejército del 25 de abril de 1995, en el que se reconoció y se asumió la responsabilidad por el pasado, él lo calificó de “engañoso, reticente y poco ético”. En cambio, el digno fiscal Julio César Strassera expresó: “El Ejército dijo todo lo que podía decir, no podía decir más”. En ese entonces, todos los militares y civiles relacionados con el terrorismo contra el Estado y con el terrorismo de Estado habían sido indultados en 1989 por el presidente Menem (decretos 1002 y 1003/89).

Las conmemoraciones anuales sobre el sensible sentimiento Malvinas se mantuvieron con fervor en todo nuestro país, pero fueron disminuyendo los actos centrales encabezados por los presidentes en ejercicio en la ciudad de Buenos Aires. Es lamentable que, a diferencia de las provincias y muchos municipios, nuestra Capital solo otorgue pensiones a los soldados veteranos y no reconozca como tales a los oficiales y suboficiales de las FF.AA.

El 10 de abril de 2023, leí en un editorial de LA NACION algo que me impactó: “Los argentinos nos resistimos a acostumbrarnos a una realidad que, día tras día, supera nuestra capacidad de asombro. Es que los hechos en sí mismos son cada vez más increíbles y vertiginosos…”. En los últimos tres aniversarios del 2 de abril, conocidos medios televisivos y periodistas afines al Gobierno degradaron a los jefes de unidades que combatimos en las islas con infames epítetos: cobardes, maltratadores y torturadores de soldados, invocando delitos de lesa humanidad y agregando que las denuncias serían elevadas a organismos internacionales. Hasta donde sé, no hay ningún oficial veterano de Malvinas procesado por un delito de lesa humanidad; solo habría seis oficiales subalternos procesados en virtud de un delito, con severo reproche penal, que estaría prescripto.

No puedo obviar la mención de conceptos vertidos en el Informe Rattenbach: “Es importante señalar que hubo unidades que fueron conducidas con eficiencia, valor y decisión. En esos casos, ya en la espera, en el combate o en sus pausas, el rendimiento fue siempre elevado. Tal el caso de la Fuerza Aérea Sur, la Aviación Naval, los medios aéreos de las tres fuerzas destacados en las islas, el Comando Aéreo de Transporte; la Artillería de Ejército (Grupos de Artillería 3 y 4); la Artillería Antiaérea de las tres FF.AA., eficazmente integradas, al igual que el Batallón de Infantería de Marina 5 (y su Batería de Artillería), el Escuadrón Blindado 10, las Compañías de Comandos 601 y 602 y el Regimiento de Infantería 25. Como ha ocurrido siempre en las circunstancias críticas, el comportamiento de las tropas en combate fue función directa de la calidad de los mandos”.

Siento un profundo respeto por los soldados, suboficiales (columna vertebral de las FF.AA.) y oficiales. Si la guerra duró 44 días, fue por la conducción de los criticados jefes de unidades. En el combate, ellos estaban solo consigo mismos, confiaban en Dios, pensaban en el destino de nuestra Argentina y en el corazón de sus soldados. ß

Exjefe del Ejército Argentino. Veterano de la Guerra de Malvinas y exembajador en Colombia y Costa Rica