Esta semana, decenas de vecinos con discapacidad fueron citados mediante cartas documento para presentar documentación médica “actualizada”. Pero el procedimiento fue cualquier cosa menos claro o humano.

Muchos se presentaron con lo que tenían: certificados antiguos, informes, estudios que pudieron conseguir a último momento. Pero nada de eso fue recibido. Sin explicaciones ni diálogo, los mandaron directamente a ANSES, con la indicación de gestionar un turno y cargar allí la documentación. Nadie les dijo sí, nadie les dijo no. Simplemente los sacaron del sistema presencial y los empujaron al limbo burocrático.

¿Por qué? Porque si daban respuestas en el momento, si les decían en la cara que iban a cortar los beneficios, habría protestas, reclamos, bronca. Pero al derivarlos a una plataforma online, despersonalizan el proceso y ejecutan el ajuste desde lejos, sin testigos ni responsables visibles.

¿Y qué se supone que suban a ANSES? ¿Una radiografía? ¿Un electrocardiograma? ¿Un papel firmado por algún médico que se anime a “poner el gancho” en este contexto? Lo que está claro es que el recorte no es un rumor: la motosierra está activa, y en Añatuya ya empezó a talar derechos.

Vinieron por todo. Empezaron por los más vulnerables. Y lo están haciendo en silencio, con un sistema frío, diseñado para desgastar, desalentar y excluir. No es modernización. No es control. Es crueldad institucional.

Añatuya lo está viviendo en carne propia. Y el ajuste ya no tiene intermediarios: la motosierra de “Peluca” llegó y está funcionando.