Un nutrido grupo de personas con discapacidad, profesionales de distintas disciplinas y prestadores de servicios se congregaron en la plaza Libertad para reclamar por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La manifestación se llevó a cabo horas antes de que el Senado nacional diera luz verde al proyecto con 55 votos afirmativos y 17 ausencias.

Durante la concentración, se expresaron diversas voces que coincidieron en señalar el abandono del Estado nacional y la crítica situación del sistema de atención. Las consignas se centraron en la necesidad urgente de actualización de aranceles, regularización de pagos y garantías de acceso a tratamientos, terapias y educación.

Daniel Fares, director del Instituto Soles de La Banda, manifestó su preocupación por el desfase entre los aranceles y la inflación: “Tenemos un retraso que ronda el 100%. Hoy está en riesgo la continuidad de las prestaciones porque no alcanzamos a cubrir los costos. Incluso las obras sociales no están percibiendo los aportes correspondientes”.

La ley sancionada tiene como objetivo asegurar, hasta el 31 de diciembre de 2027, los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, incluyendo el acceso a salud, educación, empleo, pensiones no contributivas y contención social. También prevé el fortalecimiento de prestadores y la promoción del cumplimiento del cupo laboral, con incentivos para la inclusión en el ámbito privado.

“Algunos chicos sostienen sus tratamientos como si fueran becas, para no perder lo que tanto esfuerzo les costó lograr. Pero esta situación no es sostenible en el tiempo”, alertó Fares.

Jennifer Rodríguez Torres, directora de un instituto educativo y de rehabilitación, también se sumó al reclamo: “Los chicos se están quedando sin sus terapias, sin clases, sin el acompañamiento que necesitan. Venimos a decir presente ante este abandono”.

Entre los principales reclamos se destacaron: demoras en los pagos a prestadores, ausencia de actualización de montos, dificultad en el acceso a tratamientos y medicación, y la aplicación de medidas regresivas.

Por su parte, Teresita Montoto, responsable del centro Nuevos Rumbos de La Banda, remarcó: “La ley garantiza derechos que hoy están siendo vulnerados. La Agencia Nacional de Discapacidad dice escuchar, pero no da respuestas”.

La jornada incluyó una marcha alrededor de la plaza, micrófono abierto y expresiones artísticas, en una manifestación que se replicó en distintas provincias del país. Los participantes reafirmaron su compromiso de continuar visibilizando esta problemática y llamaron a toda la comunidad a acompañar la causa.