Desde el gremio que nuclea a los trabajadores viales, advirtieron que esta medida podría dejar sin trabajo a más de 5.200 personas, afectando gravemente la infraestructura vial y el desarrollo de obras públicas esenciales.

Sebastián Freytes, delegado del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (SITVYA) en la provincia, expresó su profunda preocupación ante lo que considera un plan sistemático para paralizar el organismo:

“Esta idea planificada desde el principio fue ir poniendo el freno de mano hasta la detención total. A pesar de eso, nuestros compañeros en todo el país continuaron trabajando con esfuerzo”, señaló.

Según detalló, los fondos de Vialidad Nacional provienen del impuesto al combustible y tienen asignación específica para obras y mantenimiento. Sin embargo, denunció que el Gobierno nacional retuvo ilegalmente más de $330.000 millones, transfiriendo apenas un 20% de los recursos que debían destinarse al mantenimiento de rutas y caminos.

“La sociedad tiene que saber que ese dinero estaba destinado a la infraestructura vial. No se invirtió en mantenimiento ni en obra pública, mientras los trabajadores sufren salarios congelados desde hace un año”, remarcó.

En Santiago del Estero, la situación se vuelve insostenible: falta de insumos, suspensión de viáticos y nula inversión por parte de Nación, han obligado incluso al propio sindicato a colaborar con recursos para garantizar el funcionamiento mínimo y mantener las rutas transitables.

Freytes también destacó el contraste con lo que ocurre a nivel local:

“Mientras en el gobierno provincial se fomenta y se invierte en obra pública, a nivel nacional no hay respuestas. La obra pública no es un gasto, es una inversión que dinamiza la economía y genera trabajo”.

Finalmente, criticó duramente la postura del Ejecutivo nacional:

“Los trabajadores no somos casta. Estas políticas nefastas las estamos viviendo muy duramente. La situación es muy grave”.

El posible cierre de Vialidad Nacional no solo pone en jaque miles de puestos de trabajo, sino que también amenaza con dejar a vastas regiones del país sin mantenimiento vial, afectando directamente la seguridad de quienes transitan por las rutas.