Una denuncia iniciada durante un operativo de fiscalización en la ciudad de Añatuya, Santiago del Estero, permitió descubrir un caso de trata de personas y explotación infantil en zonas vinculadas a la producción de carbón vegetal.

Los inspectores encontraron a ocho trabajadores y dos adolescentes de 15 y 16 años, que se desempeñaban en condiciones extremas de precariedad. Los empleados dormían sobre pallets de madera, vivían sin acceso a un baño, no contaban con agua potable ni energía eléctrica, y cobraban apenas 150 mil pesos, una suma muy inferior al salario mínimo vital y móvil.

Los representantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recibieron declaraciones de los afectados, quienes afirmaron que el empleador les descontaba del sueldo el valor de los alimentos que recibían.

Los inspectores confirmaron que tanto los trabajadores como los menores dormían en el piso, dentro de carpas armadas con troncos y lonas, y que soportaban extensas jornadas laborales en condiciones de hacinamiento e insalubridad.

Agentes de la Dirección Regional Tucumán, dependiente de la Dirección General Impositiva, de la Secretaría de Trabajo de Santiago del Estero y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) participaron en el operativo conjunto, que se llevó a cabo en tres predios rurales dedicados a la actividad carbonera.

Las autoridades trasladaron a los ocho adultos y a los dos adolescentes a un centro médico, donde profesionales de la salud realizaron los estudios correspondientes, para garantizar su resguardo e integridad física.

El secretario de Derechos Humanos, Roberto Figueroa Bothamley, presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal 1 de Santiago del Estero, a cargo del juez Guillermo Molinari, con el objetivo de activar el Protocolo Único de Articulación (PUA), desarrollado por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.