La artista fue acusada de utilizar datos personales de al menos cinco gobernadores argentinos para realizar maniobras de contrabando de ropa desde el exterior.

La artista de 26 años enfrenta una imputación por el delito de contrabando simulado, una figura legal que contempla operaciones de importación mediante documentación engañosa para evadir controles aduaneros. La investigación, a cargo del fiscal Agustín Chit y bajo jurisdicción del juez federal José Manuel Díaz Vélez, comenzó a partir de una denuncia presentada por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien detectó una compra internacional a su nombre que él nunca había realizado.

La pesquisa reveló que Olguín habría utilizado no solo los datos de Jaldo, sino también los del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el entrerriano Rogelio Frigerio, el pampeano Sergio Ziliotto y el sanluiseño Claudio Poggi. Ninguno de los mandatarios había autorizado dichas operaciones, lo que refuerza la hipótesis de que fueron utilizados como prestanombres sin consentimiento.

Según fuentes judiciales, Olguín se aprovechó de su frecuente estadía en Miami –destino al que viajaba por motivos profesionales– para adquirir ropa de lujo en grandes cantidades. A través del sistema Courier, que permite importaciones con menos controles y cupos individuales, burló las restricciones aduaneras usando los nombres, DNI y domicilios fiscales de los gobernadores implicados.

Las prendas eran luego comercializadas en una tienda online asociada a su nombre, especializada en ropa de marcas exclusivas a precios “accesibles”. Las ventas se distribuían desde su domicilio en Buenos Aires hacia diversas provincias, como Córdoba y la propia Santiago del Estero.

Aunque la causa se tramita en Tucumán, no se descarta que parte del expediente pase a la Justicia Federal bonaerense, a raíz de la denuncia presentada por el entorno de Kicillof.

Este caso ha generado gran repercusión tanto en el ámbito político como en el artístico, y podría derivar en sanciones más severas si se comprueba una red de evasión y comercialización ilegal a gran escala. Mientras tanto, Valentina Olguín permanece en libertad, aunque su futuro judicial –y artístico– es por ahora una gran incógnita.