La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) encendió las alarmas en Santiago del Estero al denunciar el progresivo desmantelamiento de la obra social OSPRERA, luego de su intervención por parte del gobierno nacional en octubre de 2024.

La medida de intervención, dispuesta por la Superintendencia de Servicios de Salud a través de la resolución 3948/24, cesó a la anterior conducción del organismo apenas tres meses después de haber asumido. Desde entonces, la atención sanitaria para trabajadores rurales en el interior se ha visto seriamente deteriorada.

“Estamos viendo un desmejoramiento absoluto de la obra social. Esto afecta a nuestros trabajadores en cada rincón de la provincia”, advirtió Gonzalo Llanos, subdelegado provincial de UATRE.

Según el dirigente, la tercerización de los servicios médicos dejó a muchas zonas sin atención directa. Durante casi tres semanas, la provincia vivió un corte total de prestaciones sin aviso previo. Aunque algunos convenios con profesionales han comenzado a reactivarse, la situación sigue siendo crítica.

Además, Llanos cuestionó la implementación de un sistema digital para acceder a los servicios:

“Impulsan la telemedicina en zonas donde ni siquiera hay señal de celular. Pretenden que trabajadores rurales usen plataformas que no conocen y que no están pensadas para su realidad”.

La gravedad de la crisis ya se refleja en consecuencias trágicas: desde la seccional denunciaron que varios afiliados fallecieron por no acceder a tratamientos indispensables, como la hemodiálisis. Otros miles han debido suspender tratamientos médicos o sobrecargar el sistema público de salud.

Cuestionamientos a la intervención

Llanos también puso en duda los motivos detrás de la intervención de OSPRERA, señalando al actual ministro de Salud de la Nación, Marcelo Lugones:

“Creemos que esto no responde a criterios sanitarios, sino a una movida política y económica. Cerraron más de 700 oficinas de UATRE en todo el país basándose en un informe que no existe”.

Desde la entidad sindical afirmaron que ya se enviaron múltiples informes, cartas documento y denuncias al nivel nacional, pero no han recibido respuestas efectivas.

UATRE reclama con urgencia la restitución plena de los servicios de salud y el fin de una intervención que consideran arbitraria y devastadora para las familias rurales.