El Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 540/2026, una normativa que exige antecedentes penales limpios, libre deuda alimentaria y residencia efectiva para ocupar cargos públicos. Cualquier designación que incumpla estos filtros será declarada nula de pleno derecho.

El Concejo Deliberante de Las Termas de Río Hondo sancionó este jueves 12 de noviembre la Ordenanza Nº 540/2026, mediante la cual implementa el régimen de Ficha Limpia en todo el ámbito de la administración municipal. La iniciativa, impulsada por el bloque Bases Populares, establece estándares obligatorios de transparencia, ética e idoneidad tanto para acceder como para permanecer en la función pública local.

El nuevo marco legal alcanza de manera directa al intendente, concejales, secretarios, subsecretarios, directores, personal de gabinete, fiscal municipal, juez de Faltas, defensor del Pueblo y autoridades de organismos descentralizados, además de todo agente que administre fondos públicos.

Impedimentos y causales de expulsión inmediata

La normativa bloquea el ingreso y la continuidad de personas que registren condenas firmes por delitos dolosos, hechos de corrupción, delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, fraude, estafa, narcotráfico, violencia de género, delitos contra la integridad sexual o contra la libertad.

Del mismo modo, quedan excluidos quienes posean inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, figuren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos o hayan sido exonerados previamente de la administración pública provincial o municipal mediante acto administrativo firme.

Uno de los puntos más estrictos del texto legal estipula que cualquier nombramiento realizado por fuera de estos parámetros será considerado nulo de pleno derecho. En paralelo, si un funcionario en actividad recibe una sentencia condenatoria comprendida en la ordenanza, se producirá su cese automático en el cargo.

Requisitos documentales y plazos de control

Para asumir o sostener un puesto en el municipio termense, los funcionarios deberán presentar el certificado de antecedentes penales, el libre deuda alimentaria, la declaración jurada de bienes personales expedida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y una constancia de residencia mínima de un año en la ciudad. La fiscalización recaerá sobre el Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas Municipal, con la obligación de garantizar el acceso público a dicha información.

Tras su promulgación, el Ejecutivo contará con un plazo de 90 días para reglamentar la norma, mientras que los funcionarios que actualmente se encuentran en funciones dispondrán de 60 días corridos para presentar la documentación respaldatoria.

Durante el debate en el recinto, el presidente del cuerpo deliberativo y coautor de la iniciativa, Dr. Héctor Fabián Parrado, respaldó la rigurosidad de la ordenanza con una definición contundente: "No voy a ser recordado como el presidente buenito que se rodeó de delincuentes".