La sindicatura de la quiebra de Algodonera Avellaneda S.A. (AA) presentó un informe clave ante el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, en el que aconsejó no autorizar la continuidad de la explotación industrial y disponer el cese definitivo de la actividad en sus tres plantas principales: la hilandería ubicada en el Parque Industrial de Reconquista (Santa Fe) y las desmotadoras apostadas en Bandera (Santiago del Estero) y General Pinedo (Chaco).

El dictamen, firmado por los síndicos María Nieves González Rueda, Daniel Piumetti y Manuel Prono, modifica el criterio inicial adoptado tras la declaración de quiebra el pasado 14 de octubre, fecha en la que se había apostado por mantener las máquinas encendidas a la espera de ofertas por la empresa en marcha. Sin embargo, los números del balance operativo frustraron las expectativas iniciales.

Un rojo financiero impulsado por la energía

De acuerdo con el informe técnico, la hilandería de Reconquista factura unos 424,8 millones de pesos mensuales por los contratos de fasón que procesa para terceros (Insumos XXI S.A. y Sir Cotton S.A.). No obstante, los sueldos y cargas sociales demandan 354,5 millones, dejando un margen operativo mínimo que colapsa al computar el consumo eléctrico.

El factor determinante del cierre radica en las facturas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que oscilan entre los 533 y 782 millones de pesos mensuales —representando el 63% del costo total—, acumulando una deuda exigible que supera los 9.280 millones. Ante las intimaciones de corte y la negativa de los clientes a trasladar esos incrementos a las tarifas del servicio, los síndicos determinaron que sostener la producción genera un rojo mensual cercano a los 815 millones de pesos.

En el caso de las desmotadoras del norte santigueño y chaqueño, la situación responde a la estacionalidad del sector: la campaña de desmote concluyó en octubre y la actividad no registrará ingresos propios hasta el arribo de la cosecha 2027, financiándose actualmente mediante anticipos que la sindicatura calificó como un incremento del pasivo concursal.

Situación de los 243 trabajadores y continuidad de guardias

El informe contempla la situación de los 243 operarios afectados a la continuidad (204 en Reconquista, 21 en Bandera y 18 en General Pinedo), cuyos contratos se encontraban suspendidos temporalmente. Ante este escenario, se solicitó la declaración de extinción de los vínculos laborales por causa de quiebra, garantizando el pago prioritario de los días trabajados desde el 14 de octubre como gastos del concurso.

Para evitar demoras administrativas, la sindicatura gestionará las bajas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y entregará las certificaciones de servicios correspondientes para facilitar la tramitación del seguro de desempleo en la ANSES.

Pese al cese productivo, las instalaciones no serán abandonadas. El plan contempla un esquema de guardias mínimas de custodia y vigilancia durante las 24 horas, enfocado especialmente en la prevención de incendios debido al acopio de fibra, el mantenimiento mecánico y el resguardo de los activos hasta su tasación y posterior liquidación judicial.