La Justicia Federal intimó al Poder Ejecutivo a cumplir de manera inmediata con la normativa aprobada por el Congreso, luego de declarar la inconstitucionalidad del artículo que condicionaba su ejecución presupuestaria. La medida responde a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y diversas casas de altos estudios del país.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del magistrado Martín Cormick, resolvió este martes hacer lugar a los reclamos judiciales y exigió al Gobierno nacional la puesta en marcha urgente de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión judicial frena el esquema implementado a través del Decreto 759/2025, mediante el cual la administración central había supeditado la aplicación de la norma a la reasignación de partidas y a la identificación previa de recursos fiscales.

En los fundamentos de la sentencia, el juez determinó que el Ejecutivo excedió sus facultades constitucionales al intentar frenar una ley que ya contaba con la ratificación parlamentaria de los dos tercios, tras la insistencia del Congreso frente al veto presidencial. Para el magistrado, condicionar la vigencia de una norma sancionada por los mecanismos formales equivale a un bloqueo institucional que altera el equilibrio de poderes.

La normativa en cuestión contempla una recomposición integral para el sistema educativo superior, incluyendo la actualización de las escalas salariales para docentes y no docentes, el refuerzo de las partidas de funcionamiento para las universidades nacionales y la ampliación de los programas de becas e investigación científica. El reclamo judicial había sido impulsado de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires para frenar el ahogo presupuestario del sector.

Si bien la resolución judicial obliga al Estado a acatar la medida en lo inmediato, el proceso legal aún contempla instancias de revisión, por lo que el expediente podría escalar en los próximos días hacia las cámaras de apelaciones mientras las comunidades académicas de todo el país celebran el fallo como un precedente clave para la defensa de la educación pública.