El organismo conducido por Luis Ger cuestionó formalmente la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, mediante la cual se reemplazó el vademécum histórico de 128 medicamentos por una nómina de apenas seis principios activos. Desde la institución advirtieron que esta medida genera un riesgo directo para pacientes con enfermedades crónicas y solicitaron la revisión inmediata de la normativa para garantizar la continuidad de los tratamientos sanitarios en todo el territorio.

La mayor preocupación se concentra en la falta de previsión para la cobertura de patologías de alta frecuencia como diabetes, afecciones respiratorias, hipotiroidismo e infecciones diversas. Si bien el cambio normativo no suspende la totalidad de las prestaciones públicas, limita de forma drástica la referencia nacional para las compras y distribución de insumos en los centros de atención primaria. La Defensoría remarcó que suspender la provisión de remedios básicos incrementará las consultas de urgencia y afectará a los sectores vulnerables que no disponen de recursos económicos para adquirir los fármacos en el mercado privado.

El pronunciamiento institucional también puso de relieve el complejo escenario económico que enfrentan las provincias y las familias. Citando informes técnicos del IARAF, del CEPA y de CAME, el organismo expuso que las transferencias automáticas nacionales registraron una caída acumulada del 0,6%, sumado a la retracción en las ventas minoristas pyme y el descenso en la recaudación del IVA. Esta coyuntura económica reduce el poder adquisitivo familiar y traslada una presión presupuestaria mayor sobre los hospitales y centros de salud provinciales, los cuales deben absorber la demanda derivada de los recortes nacionales.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo anunció una serie de medidas y gestiones dentro de sus competencias legales. Reclamará formalmente al Ministerio de Salud de la Nación la suspensión de los efectos de la resolución y exigirá un informe sobre los cronogramas de distribución y stock disponibles. Asimismo, remitirá las actuaciones al Congreso de la Nación, coordinará acciones colectivas con la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y evaluará realizar presentaciones judiciales ante posibles casos de interrupción de tratamientos en la población santiagueña.