En el marco del proceso de privatización ferroviaria llevado adelante por el Gobierno nacional, las autoridades resolvieron rescindir de manera unilateral los contratos de obras de infraestructura para el Belgrano Cargas que contaban con financiamiento de la empresa china CMEC. La medida afecta directamente a proyectos estratégicos desplegados en seis provincias del país: Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Salta, Santa Fe y Tucumán.

La decisión oficial implica dar de baja un paquete de 11 licitaciones tramitadas bajo la órbita de ADIF, las cuales abarcaban intervenciones en los ramales C, C3, C6, C8, C12, C15, C18, C28 y CC. Esta medida coincide con la proximidad de la privatización de Trenes Argentinos Cargas (TAC), cuya apertura de sobres para la concesión a 50 años está fijada para el próximo 11 de noviembre.

El impacto del freno a estas inversiones genera preocupación en las provincias del Interior y reconfigura el esquema de obras en la región a través de los siguientes puntos centrales:

• Obras canceladas en el NOA y Nea: Quedan sin efecto los trabajos de renovación de vías, puentes y alcantarillado en los ramales que cruzan el norte argentino, incluyendo la reparación del puente sobre el Arroyo Cabeza de Vaca (Salta), intervenciones en el ramal C8 entre Rosario de la Frontera y Las Cejas, y la mejora de playas formadoras en Joaquín V. González y General Pinedo.
• Proyectos estratégicos frenados en Santa Fe: Se cancelaron las obras del Circunvalar Santa Fe —un desvío ferroviario que registraba un avance cercano al 70%— y la Etapa II de la Playa Ferroviaria La Ribera para el acceso al puerto de Timbúes. Parte del Circunvalar fue trasladado al pliego de concesión privada como obra obligatoria.
• Reclamos de los gobernadores del Norte Grande: Mandatarios provinciales y legisladores de la región reclamaron que la rehabilitación de los ramales trasandinos e internacionales (como el C14 y C15) sea exigida de forma estricta y obligatoria a las empresas adjudicatarias, advirtiendo que su carácter opcional en los pliegos amenaza la competitividad de las economías regionales.