​El Gobierno nacional buscó posicionar una postura de firmeza en torno a la explotación petrolera ilegítima en las Islas Malvinas. Sin embargo, el anuncio oficial quedó envuelto en cuestionamientos técnicos y políticos luego de que se confirmara que la petrolera Navitas Petroleum ya había sido inhabilitada y sancionada por la administración argentina en el año 2022 por operar sin autorización en la plataforma continental.

​El antecedente administrativo

​La firma de origen israelí, con sede en el Reino Unido, fue objeto de actuaciones administrativas por parte de la Secretaría de Energía de la Nación hace cuatro años. En aquel momento, la resolución determinó la ilegalidad de sus actividades de exploración en la cuenca Malvinas Norte y aplicó la inhabilitación correspondiente para operar en el país, basándose en la Ley de Hydrocarburos N.º 26.659.

​El reciente relanzamiento de la medida como un logro de la gestión actual generó observaciones en el ámbito legislativo y de la política exterior, donde remarcaron que el estado normativo respecto a la empresa no sufrió modificaciones sustantivas desde las sanciones originales.

​La controversia por el sentido del anuncio

​Distintos sectores de la oposición y analistas de política coyuntural señalaron que la presentación de medidas preexistentes busca generar un impacto en la agenda pública para desplazar de la atención los datos de recesión e inflación.

​Desde la visión de los analistas parlamentarios, el oficialismo recurre a la temática del Atlántico Sur como una herramienta de cohesión y posicionamiento político, apelando al sentimiento soberano en un escenario marcado por la tensión económica y las demandas sociales.

​Lectura de coyuntura

​Antecedente normativo: Navitas Petroleum fue sancionada e inhabilitada en 2022 en el marco de la legislación argentina sobre hidrocarburos.

​Estrategia comunicacional: Sectores críticos sostienen que el anuncio intenta instalar un hito soberanista frente a la visibilidad de los datos económicos.

​Situación en Malvinas: La exploración unilateral promovida por el gobierno ilegítimo de las islas mantiene la tensión en términos de derecho internacional marítimo.