Buenos Aires — Apenas un día después de que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, defendiera en el Congreso la operatoria de las reservas de oro enviadas al exterior, una jugada coordinada entre la senadora Juliana Di Tullio y el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, desató un fuerte escándalo político al comprobarse que los movimientos no cuentan con la aprobación de los organismos fiscalizadores.

Mediante un trámite exprés con fecha del 10 de septiembre, Di Tullio requirió a la AGN precisiones sobre la auditoría de los balances 2023, 2024 y 2025 de la autoridad monetaria, además de la trazabilidad de los lingotes. La respuesta de Olmos fue categórica al revelar que el balance de 2025 permanece sin aprobar ni tratar debido a que el propio Banco Central demoró más de un año en remitir la documentación respaldatoria requerida por el organismo.

Tensión política en el Congreso

Al haberse ejecutado los envíos de reservas durante 2025 y carecer de los controles y avales de auditoría vigentes, la oposición advirtió que las declaraciones de Bausili ante la Comisión Bicameral quedaron desarticuladas por la prueba documental.

Ante este escenario, los legisladores peronistas redoblaron la presión política, alertaron sobre la situación de los activos depositados en el exterior y exigieron que el funcionario regrese de urgencia al Parlamento para brindar explicaciones formales sobre el manejo de las reservas.