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La decisión del Gobierno nacional de desprenderse de la participación estatal en la controlante de Transener desató una fuerte polémica política y económica, luego de que se conociera que las empresas Edison y Genneia accedieron a un multimillonario reparto de dividendos de manera inmediata tras concretar su desembarco en la compañía estratégica.

El cuestionado negocio se instrumentó mediante la distribución de una impresionante suma de $253.536 millones, recursos que provenían de una reserva constituida cuando el Estado todavía formaba parte del paquete accionario. A raíz de este movimiento financiero, las firmas privadas involucradas embolsaron aproximadamente US$22,3 millones cada una, generando indignación en distintos sectores que cuestionan la salida del Estado de una empresa clave para el sistema eléctrico y la falta de resguardo de los activos públicos en el marco del proceso de privatización impulsado por la administración de Javier Milei.

Autor: admin