En el marco de la reciente reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) y Discapacidad —encabezada por el ministro nacional de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches—, los representantes provinciales plantearon un duro reclamo frente al profundo desfinanciamiento que atraviesa el sector. En representación de Santiago del Estero participaron la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, y la secretaria de Derechos Humanos, Dra. Daniela Aguila.

Durante el cónclave, las provincias expusieron una postura unérgica ante las graves demoras en los pagos a instituciones y prestadores, la falta de medicamentos e insumos de alto costo, los trámites urgentes sin resolver y la escasez de canales de comunicación efectivos con la administración central. Uno de los puntos de mayor tensión giró en torno a la situación crítica del programa Incluir Salud, donde se denunció que la falta de recursos nacionales obliga a los gobiernos provinciales a absorber y sostener con fondos propios alrededor del 90% de las prestaciones que por ley corresponden al Estado federal.

Asimismo, se exigieron respuestas concretas sobre el estado de las Pensiones No Contributivas, el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, las compensaciones adeudadas a los prestadores, el fortalecimiento del FONADIS y un esquema de financiamiento acorde a los costos reales del sector.

Una mirada que retrotrae derechos conquistados

Más allá de los aspectos estrictamente financieros, desde la órbita de los derechos humanos se marcó una profunda preocupación conceptual y política. La Dra. Daniela Aguila expresó su rechazo a que la Secretaría Nacional de Discapacidad haya sido ubicada dentro de la órbita del Ministerio de Salud de la Nación.

"La discapacidad no es una enfermedad y no puede volver a reducirse a una mirada médico-asistencial. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene jerarquía constitucional y exige trabajar desde la perspectiva de los derechos humanos, la autonomía, la inclusión, la accesibilidad y la participación plena", sostuvo la funcionaria provincial.

En la misma línea, remarcaron que detrás de cada traba administrativa y de cada prestación demorada hay familias atravesadas por la angustia, trabajadores precarizados y centros de atención al borde del cierre. "No podemos permitir que el desfinanciamiento termine quebrando una red que sostiene derechos, tratamientos y proyectos de vida. Las personas con discapacidad no pueden ser una variable de ajuste", concluyeron desde la delegación santiagueña.