BUENOS AIRES — Ante una situación económica y financiera calificada como crítica, 30 asociaciones y federaciones de clínicas, sanatorios y establecimientos privados de salud de todo el país solicitaron una audiencia de carácter urgente al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli.

La presentación formal fue impulsada por las entidades cabeceras del sector —ADECRA, ACAMI, CAPRESS, CONFECLISA, FECLIBA y SALUD FEDERAL— con el objetivo de analizar alternativas que permitan preservar la respuesta asistencial y la capacidad instalada frente al profundo deterioro operativo e institucional.

El peso del sector privado y el impacto del conflicto con PAMI

En la misiva enviada al funcionario nacional, las cámaras advirtieron que los prestadores privados representan un pilar estructural del sistema sanitario argentino: concentran el 51% de los establecimientos con internación (1.543 instituciones) y el 56% de las camas disponibles (121.198). Según señalaron, semejante infraestructura no podría ser absorbida por el sistema público ante un eventual cierre o colapso de las instituciones.

El detonante de la urgencia radica en la creciente fragilidad que enfrentan los prestadores que trabajan con PAMI. Las entidades denunciaron una combinación de atrasos retributivos, dificultades financieras y problemas operativos que generaron una brecha de 131,96 puntos porcentuales en los modelos de pago frente a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esta situación compromete severamente el pago de salarios a los equipos de salud, acelera el cierre de centros de atención y pone en riesgo más de 330.000 empleos formales directos que sostiene el sector privado en todo el país.

Reforma tributaria y demanda de políticas integrales

Además de la problemática con la obra social de los jubilados, el pedido de audiencia busca poner sobre la mesa los avances realizados durante este mes de septiembre junto a representantes de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión por una reforma tributaria específica para los prestadores de salud, orientada a mejorar su competitividad y sustentabilidad.

Desde las cámaras concluyeron que la crisis ya excede el ámbito de las instituciones individuales y requiere un abordaje integral de políticas públicas para evitar que el colapso privado traslade una presión insostenible hacia el sistema público de salud.