Quimilí y Añatuya son escenario de un fuerte cruce institucional luego de que las autoridades de la Clínica Sor Ángela (Quimilí) y la Clínica María de la Purísima (Añatuya) hicieran público un comunicado en el que denuncian una situación de extrema gravedad que vulnera el criterio médico y pone en riesgo la atención de los afiliados de PAMI en la región.

El conflicto se originó a partir de la internación de una paciente afiliada a la obra social que ingresó a la clínica de Quimilí en estado crítico y con severo compromiso de conciencia. Tras ser estabilizada por la médica de guardia, y por decisión profesional conjunta, fue derivada al centro asistencial de Añatuya —perteneciente al mismo grupo— para realizarse estudios de mayor complejidad, incluyendo una tomografía computada.

Siete opiniones médicas frente a una exigencia de traslado

A pesar de recibir atención permanente de especialistas en cardiología, neumonología, neurología, cirugía e infectología (vía interconsulta virtual), una familiar directa de la paciente —quien se desempeña actualmente como jefa de la agencia local de PAMI— insistió en trasladarla hacia la ciudad de Santiago del Estero.

Ante la negativa de los médicos tratantes por el alto riesgo que implicaba la derivación, intervino un médico auditor de la obra social, quien examinó a la paciente y coincidió en que el traslado no era aconsejable. Con el objetivo de aportar transparencia, la institución también consultó a unidades de terapia intensiva de dos sanatorios capitalinos, cuyos responsables respaldaron unánimemente el diagnóstico: la conducta terapéutica adecuada era la que ya estaba recibiendo en Añatuya.

Denuncia por uso de influencias y agresión

Pese a las siete evaluaciones profesionales coincidentes, la funcionaria se presentó en el centro de salud exigiendo la derivación inmediata. Según testigos del personal, la situación escaló a un contexto de marcada confrontación, con gritos, golpes a puertas del sector administrativo y reclamos directos al personal de una ambulancia que ella misma habría gestionado.

Ante la advertencia del equipo de salud de que debían firmar un alta voluntaria para dejar constancia de los riesgos de apartarse del criterio médico, la familiar se negó a suscribir la documentación y argumentó haber "movido todos los contactos de PAMI en Santiago", retirando finalmente a la paciente del establecimiento.

El impacto en la atención de los adultos mayores

Desde los centros asistenciales advirtieron que este tipo de episodios agrava una problemática estructural en el interior provincial:

• Fuga de profesionales: Médicos especialistas evalúan dejar de atender a través de PAMI ante el temor de que su criterio clínico sea sometido a presiones de índole política o administrativa.
• Impacto en la cápita: Las derivaciones innecesarias generan débitos sobre los recursos de las instituciones, reduciendo los fondos disponibles para la atención general de los demás afiliados.

“Cuando las presiones alejan médicos del sistema o disminuyen los recursos destinados a la atención, el principal perjudicado no es una clínica. Es el afiliado de PAMI”, concluye el duro comunicado firmado por las autoridades de ambas clínicas, dejando en manos de las autoridades nacionales de la obra social la investigación sobre el presunto uso irregular de funciones públicas.