SANTIAGO DEL ESTERO — Un gravísimo caso de violencia de género y delitos contra la integridad sexual conmociona a la provincia. La Justicia local lleva adelante una investigación penal preparatoria contra un médico psiquiatra, radicado en territorio santiagueño, tras ser denunciado por su expareja por presuntos episodios de sometimiento, suministro no consentido de sustancias y hallazgo de contenido ilícito en dispositivos electrónicos.

La denuncia formal fue radicada por la víctima ante la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de Género (OVI) y la Oficina de la Mujer (OM). Tras la evaluación interdisciplinaria, los organismos activaron de manera inmediata los protocolos de resguardo al considerar que la denunciante se encontraba expuesta a un escenario de altísimo riesgo.

Las graves acusaciones en la causa

De acuerdo con el expediente judicial, el relato de la víctima detalla un patrón de abuso sistemático durante el tiempo que compartieron de convivencia en una vivienda del barrio Almirante Brown de la ciudad Capital, vínculo que finalizó en mayo del año pasado:

• Sumisión química y violencia: La denunciante aseguró que el profesional aprovechaba sus conocimientos médicos para suministrarle psicofármacos sin su consentimiento, provocándole estados de indefensión con el fin de someterla a prácticas sexuales atípicas.
• Material ilícito y violación de la intimidad: En su presentación, la joven expuso haber descubierto en los dispositivos del acusado registros fotográficos y capturas de contenido pornográfico que involucrarían a pacientes menores de edad, además de imágenes íntimas de colegas del ámbito sanitario obtenidas sin su autorización.

Medidas judiciales urgentes

Ante la magnitud de los hechos denunciados y la naturaleza de las imputaciones, la fiscalía de turno y el Juzgado de Género interviniente intervinieron de forma inmediata para frenar la situación de peligro.

Entre las primeras resoluciones, la magistratura ordenó la exclusión del hogar del denunciado y la imposición de rigurosas medidas cautelares de prohibición de acercamiento y contacto, destinadas a garantizar la integridad física y psicológica de la víctima mientras avanza la instrucción de la causa.