La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), órgano que representa y nuclea a los Colegios y Asociaciones de Magistrados y Funcionarios de los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresa su preocupación por episodios recientes de excesos mediáticos registrados en distintos puntos del territorio nacional.

A través de un comunicado, Marcela Ruiz y Christian Fabio, presidente y secretario general, respectivamente de la Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial, advierten que bajo la apariencia de crítica periodística, se difunden narraciones falaces que persiguen desprestigiar la actuación de jueces y funcionarios judiciales mediante expresiones calumniosas e injuriantes, muchas veces al servicio de intereses ajenos al debate público genuino.

En ese sentido, la FAM es consciente de que los jueces del país actuamos dentro del marco de un Estado de Derecho Constitucional y que, por ejercer funciones públicas, estamos sometidos al escrutinio de los ciudadanos y de los propios operadores del sistema judicial y debemos ser altamente tolerantes a las opiniones adversas".

Eso no habilita a que, en vez de críticas, se afirmen datos falsos o se enmascaren insultos o imputaciones denigrantes, no comprobadas, ajenas al debate de interés público y manifiestamente falaces o maliciosas. Cuando ese límite se traspasa, ya no se ejerce la libertad de prensa: se instrumentaliza a los medios de comunicación como herramienta de presión sobre los Tribunales.

Asimismo, la  FAM entiende que la democracia se fortalece con la independencia judicial, como uno de sus pilares esenciales, y respeta el debate democrático sobre la actuación de los jueces; pero rechaza las campañas que, apartándose de la realidad de los procesos, buscan forzar decisiones que los magistrados debemos adoptar exclusivamente conforme a la Constitución y la ley. Lo que está en juego no es el prestigio personal de magistrado alguno, sino la vigencia del principio constitucional que garantiza que no se decida desde las presiones.

Para concluir, la institución exhorta a que el necesario debate público se haga con la responsabilidad que exige la información sobre la actuación judicial, y reafirma su compromiso de defender activamente, a través de sus vías institucionales, a los magistrados y funcionarios judiciales que resulten objeto de campañas de desprestigio contrarias a los principios aquí expuestos.