Según informes del sector, la cantidad de tratamientos entregados disminuyó un 52% en los últimos tres años, afectando principalmente a las provincias con mayor población dependiente del sistema público de salud.

NACIONAL. – El plan Remediar, programa clave para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales en el primer nivel de atención, atraviesa una crisis presupuestaria sin precedentes. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación, en 2026 se destinaron $ 36.054 millones, lo que representa una caída real del 72% en comparación con lo ejecutado en 2023.

Este ajuste financiero se traduce en una merma crítica en la provisión de insumos: los tratamientos entregados a nivel nacional pasaron de 37,1 millones en 2022 a apenas 14,1 millones en 2025, evidenciando un retroceso del 52% en el período de tres años.

Impacto en la salud pública

El informe elaborado por el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS) advierte sobre una reducción drástica en el vademécum del programa. De los 75 principios activos que originalmente incluía, la oferta se vería reducida a solo 3 medicamentos cardiovasculares (losartán con amlodipina, furosemida y rosuvastatina) a partir de septiembre próximo.

Especialistas señalan que este desabastecimiento golpea transversalmente a la población más vulnerable:

• Población pediátrica: falta de antibióticos, analgésicos y antifebriles.
• Embarazadas: interrupción en la entrega de suplementos de hierro para controles prenatales.
• Enfermedades crónicas: complicaciones para pacientes con diabetes, hipotiroidismo y EPOC.

Desigualdad provincial

El impacto del recorte no es uniforme. Mientras algunas jurisdicciones con mayor capacidad fiscal han intentado compensar la falta de insumos nacionales con presupuesto propio, provincias como Chaco, Salta, Mendoza, Misiones y Santiago del Estero presentan las caídas más profundas en la dispensa de tratamientos, alcanzando picos de hasta un 72,4% de reducción.

Desde el Ministerio de Salud nacional, argumentan que los cambios responden a una necesidad de “redefinir la entrega de medicamentos para garantizar mayor eficiencia”. Sin embargo, funcionarios provinciales y organizaciones civiles coinciden en que la medida constituye un desmantelamiento de una política sanitaria que funcionó de manera ininterrumpida durante más de dos décadas.