SANTIAGO DEL ESTERO. — La jueza de Control y Garantías con competencia penal juvenil, Dra. Érika Casagrande Valdueza, emitió un comunicado para responder a las graves y infundadas acusaciones difundidas en un medio digital por los abogados Lucas Cabañas y Raimundo Ledesma Chazarreta, representantes de una firma en un conflicto por tierras y una cosecha de algodón.

Respuesta a las acusaciones y defensa institucional

La magistrada calificó de falaces las afirmaciones de los letrados, quienes la señalaron de actuar con parcialidad, cometer errores procesales y dictar supuestamente una resolución el sábado 25 de julio —coincidiendo con una fecha festiva en la provincia y en período de feria—, además de tildar al Poder Judicial de corrompido.

Al respecto, Casagrande Valdueza aclaró que las resoluciones judiciales son de acceso público para cualquier ciudadano o medio a través de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) Capital, por lo que las versiones difundidas buscan confundir a la opinión pública y perjudicar su labor profesional, especialmente en un momento en que concursa para ocupar cargos en propiedad ante el Consejo de la Magistratura. Asimismo, consideró el episodio como un ataque personal e institucional destinado a defender intereses particulares.

Detalle de la intervención en el legajo

La jueza explicó que su intervención se limitó estrictamente a la jornada del jueves 9 de julio, actuando en función de la ley provincial Nº 7349 y por asignación del Superior Tribunal de Justicia (STJ) a través de la OGA.

• El pedido de la Fiscalía: Ante denuncias cruzadas por la explotación de un campo con algodón y amenazas mutuas con armas de fuego entre partes que arrendaban a un mismo propietario, el Ministerio Público Fiscal solicitó una medida cautelar de no innovar.
• Alcance de la medida: Debido a que la causa era incipiente y no se aportaron elementos probatorios concluyentes para acreditar derechos, pero existía riesgo de enfrentamientos armados, la magistrada dictó una medida cautelar por un plazo de diez días —la cual caducó el 19 de julio— para mantener la prohibición de contacto dispuesta por un juez anterior y frenar una escalada de violencia.
• Incompetencia en feria: Respecto a la supuesta resolución del sábado 25 de julio, la jueza remarcó que durante la Feria Judicial actual (que se extiende hasta el 31 de julio) tiene competencia exclusiva y excluyente en cuestiones penales juveniles por Acordada del STJ, por lo que jamás emitió el fallo que se le achaca en otras temáticas del Juzgado de Control y Garantías.

Límites de la crítica y acciones legales

Finalmente, la magistrada expresó su respeto por la libertad de expresión y aclaró que no acusa directamente al medio difusor, aunque advirtió sobre la falta de prudencia al replicar expresiones difamantes sin verificar los registros públicos. Sostuvo que, si bien acepta las críticas, existe un límite constitucional cuando se injuria y se afecta injustamente la confianza pública en la justicia. Ante esta situación, adelantó que utilizará todas las herramientas legales a su alcance para defender su buen nombre y honor.