El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de concesión de rutas nacionales al abrir las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un esquema que comprende más de 3.900 kilómetros de corredores viales bajo una inversión totalmente privada. La medida fue oficializada a través de la Resolución 1024/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La iniciativa forma parte del programa oficial para concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales por las que circula cerca del 80% del tránsito del país. Según informó el ministro Caputo en sus redes sociales, esta fase abarca ocho tramos estratégicos ubicados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

Cuáles son los tramos y las rutas incluidas

La Etapa III se encuentra dividida en ocho corredores principales:

• Tramo Centro: 681 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34.
• Tramo Mesopotámico: 276 kilómetros de las rutas 12 y 18.
• Tramo Centro-Norte: 536 kilómetros de la Ruta Nacional 34.
• Tramo Noroeste: 596 kilómetros de las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016.
• Región del Litoral: 547 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16.
• Tramo Noreste: 456 kilómetros sobre las rutas 12 y 105.
• Tramo Chaco-Santa Fe: 497 kilómetros de la Ruta Nacional 11.
• Tramo Cuyo: 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7, corredor logístico clave del oeste argentino.

Empresas oferentes y esquema de financiamiento privado

Para quedarse con la administración de los corredores, el Ministerio de Economía precalificó a 22 oferentes que presentaron un total de 50 propuestas. Entre las compañías habilitadas figuran CPC (que ofertó por todos los tramos), la UTE conformada por José Chediack y Benito Roggio e Hijos, Panedile Argentina, Cartellone y Paolini, entre otras constructoras nacionales.

El modelo implementado por el Ejecutivo prevé que la operación, el mantenimiento y las obras viales queden exclusivamente a cargo de los concesionarios privados, sin financiamiento directo del Estado nacional. Una vez adjudicados los contratos, los operadores seleccionados asumirán la responsabilidad de mejorar el estado de las calzadas y ofrecer los servicios viales establecidos en los pliegos, buscando mayor eficiencia y una menor participación estatal en la infraestructura vial.