Desde el sector advirtieron que una eventual eliminación de esta normativa representa una amenaza directa para el trabajo de los libreros y editores, afectando además la bibliodiversidad, el federalismo y la circulación del conocimiento en todo el país.

La medida encendió las alarmas en el ámbito cultural provincial, ya que la desregulación de los precios podría golpear de manera implacable a los comercios de cercanía frente a los grandes jugadores del mercado.

Puntos clave del reclamo y argumentos del sector

• Un marco regulatorio sin gasto público: Las instituciones remarcaron que la ley no constituye un subsidio estatal ni implica ningún tipo de gasto público, sino que funciona como un marco regulatorio esencial para garantizar condiciones equitativas en el mercado editorial.
• Protección a las librerías independientes: Señalaron que permitir que cada canal de comercialización fije libremente los precios generaría una competencia desigual, poniendo en serio riesgo la continuidad de las librerías independientes y de barrio.
• Experiencia internacional de referencia: Desde el sector recordaron que normativas regulatorias similares se aplican con éxito en países como Alemania, Francia y España con el objetivo central de evitar la concentración del mercado y preservar la diversidad de canales de venta.
• El libro como bien cultural: Las entidades destacaron que el libro no debe ser considerado meramente una mercancía, sino un vehículo del pensamiento crítico y una herramienta indispensable para el desarrollo de la educación, la ciencia y la soberanía de los pueblos, advirtiendo bajo la consigna de que "sin librerías no hay lectores".

Adhesiones institucionales y pasos a seguir

Frente a este escenario, las entidades locales confirmaron su adhesión formal al reclamo impulsado a nivel nacional por las cámaras del libro, las asociaciones de libreros y la Red de Editoriales de Universidades Nacionales (REUN) para preservar la vigencia de la Ley 25.542.

Como parte de la estrategia de difusión y defensa de la actividad, el comunicado será remitido a la Cámara de Diputados de Santiago del Estero, a los legisladores nacionales que representan a la provincia en el Congreso de la Nación, así como a escritores y escritoras vinculados con la cultura. Las entidades cerraron solicitando el acompañamiento activo de toda la comunidad para defender la diversidad cultural y el acceso equitativo a los libros.