Según informes del sector, el plan contempla el cierre de 900 sucursales en todo el país, de las cuales 300 ya han bajado sus persianas, afectando especialmente a provincias como Santiago del Estero, San Luis, Catamarca y Mendoza.

La medida, que busca una digitalización y automatización total del servicio, ha impactado directamente en la operatividad de los pueblos más alejados. En estas comunidades, donde la oferta de correos privados es nula, el cierre de la oficina estatal implica la pérdida del acceso a servicios esenciales, golpeando tanto a vecinos como a pequeños emprendedores que dependen del despacho de paquetería para su actividad económica.

La crisis laboral y el avance tecnológico

El ajuste también se refleja en una sensible reducción de la planta de personal. A los 300 despidos directos se suman 6.000 trabajadores que optaron por el retiro voluntario en un contexto de salarios estancados, con haberes que rondan los $700.000 mensuales.

Mientras el capital humano se reduce, la estrategia de la firma ha virado hacia la modernización tecnológica. Según reportes periodísticos, la empresa ha redirigido fondos para adquirir 240 robots e implementar sistemas de inteligencia artificial. El objetivo, bajo la actual conducción, es reemplazar la atención personalizada y la logística tradicional por una estructura centralizada y automatizada, lo que diversos analistas consideran un paso previo hacia una eventual privatización.

La pérdida de capilaridad territorial y la crítica situación salarial del personal mantienen al Correo Argentino en el centro del debate, mientras la incertidumbre persiste sobre la continuidad de los servicios en los distritos más alejados de los grandes centros urbanos.