SANTIAGO DEL ESTERO – 19 de junio de 2026 – La investigación por el trágico siniestro vial ocurrido en la capital santiagueña ha entrado en una etapa definitoria. La Unidad Fiscal de Violencia Institucional trabaja intensamente para determinar el encuadre penal que recaerá sobre los efectivos Yonatan Giménez y Nahuel Salto, quienes conducían el móvil policial involucrado en el choque que causó la muerte de un matrimonio y dejó a la pequeña Briana Gordillo, de 8 años, internada en el CEPSI.

La expectativa de pena para los uniformados, tras los primeros análisis jurídicos, se perfila como severa. Debido a la naturaleza del hecho y la condición de funcionarios públicos de los imputados, el proceso se analiza bajo la figura de concurso real de delitos, acumulando cargos por homicidio culposo vial agravado y lesiones culposas.

El análisis legal: escala de penas

Según lo establecido por el Código Penal de la Nación Argentina, la situación de los acusados podría derivar en una condena de cumplimiento efectivo:

• Homicidio culposo vial agravado (Art. 84 bis): Al existir más de una víctima fatal, la escala penal contempla una pena de 3 a 6 años de prisión, además de una inhabilitación para conducir de 5 a 10 años.
• Lesiones culposas agravadas (Art. 94 bis): Por las heridas sufridas por la menor, se suma esta figura que prevé de 2 a 4 años de prisión.
• Expectativa global: Bajo las reglas del concurso real (Art. 55), la pena acumulada estimada para los efectivos podría oscilar entre los 5 y 8 años de prisión, lo cual, de confirmarse, descartaría la posibilidad de una pena en suspenso o excarcelación inmediata.

El factor agravante: el deber de cuidado

Un punto clave que la querella y la fiscalía pondrán bajo la lupa es el "deber objetivo de cuidado". Al ser funcionarios policiales en ejercicio de sus funciones, se les exige una responsabilidad superior a la de un conductor civil. Los peritajes accidentológicos —que determinarán la velocidad, la posible violación de semáforos en rojo y el uso de balizas— serán determinantes para demostrar si existió temeridad en el manejo, eliminando cualquier justificación legal por "emergencia" si esta no fue debidamente notificada.

Mientras la sociedad santiagueña sigue de cerca el estado de salud de la pequeña Briana, el Palacio de Tribunales se prepara para la formalización de la imputación que marcará el futuro procesal de los efectivos involucrados.

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