El relevamiento, que ubica a la provincia junto a otras como Córdoba, Formosa, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego, destaca la ausencia de transferencias mediante esta herramienta, diseñada originalmente para asistir a los estados provinciales ante emergencias climáticas, desequilibrios financieros o contingencias imprevistas.

El contexto de la distribución de fondos

Durante el año 2026, la Nación ha distribuido cerca de $121.000 millones entre trece provincias. Sin embargo, el análisis de los datos indica que la asignación de estos recursos ha tenido un marcado perfil de afinidad política, concentrándose en jurisdicciones con una relación fluida con la Casa Rosada. En contrapartida, desde el inicio del mandato libertario, el Ejecutivo nacional repartió un total de $374.300 millones en concepto de ATN, sin que ninguna de esas partidas fuera destinada a Santiago del Estero.

La situación adquiere mayor relevancia al considerar que, en los últimos meses, diversas localidades del sudeste provincial atravesaron emergencias hídricas y anegamientos derivados de fenómenos climáticos, escenario para el cual los ATN fueron concebidos como auxilio financiero directo.

Controversia y reclamo por la discrecionalidad

Los Aportes del Tesoro Nacional, que representan el 1% de los recursos coparticipables, han sido históricamente objeto de debate por su carácter discrecional. Actualmente, el fondo acumula un saldo sin distribuir que supera los $1,9 billones, lo que ha motivado reiteradas críticas por parte de los gobernadores.

Cabe recordar que, durante 2025, el conjunto de los mandatarios provinciales intentó impulsar una ley para eliminar la discrecionalidad en el reparto de estos recursos, norma que fue vetada por el Poder Ejecutivo nacional bajo el argumento de preservar el equilibrio fiscal.

Impacto en la gestión provincial

Ante la drástica reducción de transferencias nacionales y la paralización de obras financiadas por la Nación, Santiago del Estero ha debido recurrir al uso de recursos propios para sostener la infraestructura, los programas sociales y el funcionamiento del Estado. La exclusión del reparto de ATN reabre, una vez más, el debate sobre los criterios de distribución de recursos federales y la relación institucional entre el Gobierno central y las provincias.