El sector busca visibilizar la necesidad de una recomposición de honorarios para garantizar la continuidad y calidad de la atención a los afiliados del PAMI.

La medida, que se extiende a médicos de cabecera y odontólogos, surge ante la insuficiencia de los valores actuales, los cuales —según los prestadores— ponen en riesgo el normal funcionamiento del sistema de atención para jubilados y pensionados. Bajo consignas como "Honorarios justos = atención de calidad", el sector exige condiciones que aseguren la viabilidad de sus servicios.

El origen del conflicto

Esta protesta se suma a una serie de tensiones previas en el sistema de salud de la obra social. El malestar se intensificó tras la implementación de la resolución 1107/2026 (del 9 de abril), que modificó el esquema de pagos de manera retroactiva al 1° de abril.

Dicha normativa estableció un aumento de la cápita de $900 a $2.100, pero eliminó conceptos clave como los pagos por consultas presenciales, visitas domiciliarias y formación de posgrado. Mientras que desde el PAMI sostienen que la medida representa un incremento nominal en los ingresos, representantes de la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA) advierten que la quita de adicionales podría traducirse en una caída real superior al 50% en los ingresos del sector.

Impacto en la atención

La medida de fuerza busca presionar a las autoridades para abrir una instancia de diálogo que permita revisar el nomenclador actual. Por el momento, el gremio y las autoridades permanecen a la espera de definiciones que permitan destrabar el conflicto y normalizar la atención en todo el territorio nacional.