En las últimas horas se desató un fuerte cruce político luego de que trascendiera que la esposa del vocero presidencial, Manuel Adorni, se acogió al régimen de regularización de activos (blanqueo) impulsado por el propio Gobierno. La noticia generó inmediatos cuestionamientos desde diversos sectores políticos, que apuntaron contra la transparencia de la normativa y sus alcances.

Legisladores y referentes opositores compararon la medida con leyes anteriores, señalando que el régimen terminó beneficiando a evasores y a figuras cuestionadas judicialmente, y ahora también al entorno de funcionarios de primera línea. En esa línea, exigieron mayor rigurosidad en las declaraciones juradas y los controles estatales, advirtiendo sobre una supuesta falta de disimulo en la aplicación de las normativas vigentes.

Cuestionamientos a la transparencia y los controles

El núcleo de la controversia se centra en la crítica hacia la eliminación o flexibilización de los mecanismos de control, lo que, según los sectores denunciantes, facilita la impunidad y el beneficio particular por sobre el interés público.

El debate quedó instalado en la agenda nacional, mientras distintos actores exigen que la Justicia profundice en la investigación sobre el uso y alcance de este régimen fiscal, a la espera de que se esclarezcan las declaraciones patrimoniales de los involucrados.