La decisión garantiza la recomposición salarial para docentes y no docentes, además del ajuste en las becas estudiantiles.

BUENOS AIRES/SANTIAGO. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso decisivo en favor de las universidades públicas al rechazar el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional. Con esta resolución, queda firme la medida cautelar que ordena el cumplimiento de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, la cual establece la actualización y recomposición de los salarios del personal universitario y los montos destinados a las becas de los estudiantes.

El conflicto, que había escalado tras la decisión del Ejecutivo de suspender la ejecución de la ley mediante decreto, encuentra ahora un respaldo judicial contundente. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal había determinado previamente que la insistencia legislativa tras el veto presidencial obliga al Gobierno a ejecutar la norma sin dilaciones.

Los fundamentos de la decisión judicial

Para los jueces de Cámara, Sergio Fernández y Jorge Morán, la verosimilitud del derecho era evidente: el Poder Ejecutivo no tiene facultades para suspender los efectos de una ley vigente invocando normas presupuestarias de menor rango.

Además, el tribunal priorizó la urgencia social del caso, ponderando:

• Peligro en la demora: El deterioro persistente del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y el carácter alimentario de las becas estudiantiles.
• Interés público: La protección del derecho constitucional a enseñar y aprender, superior a los argumentos de impacto fiscal esgrimidos por el Estado.

Un precedente clave para la causa principal

La Corte Suprema, al desestimar el recurso del Estado, recordó que las sentencias sobre medidas cautelares no constituyen, por regla general, sentencias definitivas, pero en este caso, la vigencia de la tutela anticipada se mantiene firme mientras continúa el proceso principal.

Con esta resolución, las universidades nacionales —incluyendo a la UNSE en su estructura y comunidad— ven reafirmado su derecho a la recomposición presupuestaria, en un fallo que marca un precedente fundamental en el actual escenario del sistema educativo superior argentino.