Voces críticas advierten que no se trata de una ley debatida, sino de un "acta de entrega" que compromete la soberanía sobre la Patagonia, el litio, el cobre y los datos de los argentinos por las próximas tres décadas.

Lejos de los debates legislativos, el esquema se perfila como un acuerdo sellado en oficinas cerradas con representantes de fondos internacionales. La iniciativa ha encendido las alarmas debido a las condiciones que impone, las cuales, según especialistas y referentes políticos, ponen en riesgo la capacidad de decisión del país hasta 2056, blindando beneficios para grandes capitales por encima de los intereses populares.

Las claves de un acuerdo cuestionado

El impacto económico del "Súper RIGI" se detalla en puntos específicos que marcan una disparidad con la carga tributaria que recae sobre los trabajadores argentinos:

• Rebaja impositiva desigual: Mientras los trabajadores pagan hasta un 35% de Impuesto a las Ganancias, las multinacionales verían reducida su alícuota al 15%.
• Desfinanciamiento estatal: Los aportes patronales caerían del 24% al 10%, afectando directamente los fondos destinados a jubilaciones, salud y educación.
• Estabilidad fiscal inamovible: Se establece una estabilidad blindada por 30 años, impidiendo que futuros gobiernos, incluso elegidos por el voto popular, puedan modificar estas condiciones.
• Acceso exclusivo: Con un piso de inversión de 100 millones de dólares, el acceso queda reservado para gigantes tecnológicos y financieros globales (como Palantir o SpaceX) y fondos de inversión agropecuarios.
• Justicia bajo tutela extranjera: Ante cualquier conflicto, los tribunales internacionales prevalecerán sobre la justicia argentina, permitiendo que las empresas demanden al Estado en Nueva York si sus intereses se ven afectados.

¿Inversión o pérdida de soberanía?

Los sectores que rechazan el proyecto sostienen que estas medidas no constituyen una estrategia de "atracción de inversiones", sino una entrega sistemática del patrimonio nacional. La preocupación central radica en que un grupo de magnates, con agendas políticas y de poder propias, tendría capacidad de incidir sobre la vida y los recursos estratégicos de los argentinos durante los próximos 30 años.

La crítica apunta directamente a la funcionalidad de los actores locales que gestionan estas firmas, señalando que se está facilitando un proyecto de poder externo que trasciende los mandatos democráticos y la soberanía del Estado argentino.