SANTIAGO DEL ESTERO – Empleados de la Unidad de Gestión Local (UGL) del PAMI en Santiago del Estero manifestaron un profundo estado de alerta y malestar ante las últimas directrices emanadas desde la conducción central del organismo. Según denunciaron los trabajadores de la obra social de los jubilados, el Gobierno nacional habilitó una serie de nuevos nombramientos y designaciones jerárquicas supeditadas estrictamente a la pertenencia o afinidad con el partido gobernante (LLA), una situación que contrasta con la crítica realidad económica que atraviesa el personal de planta.

Designaciones discrecionales y congelamiento de haberes

La tensión interna dentro de las oficinas locales del PAMI se agudizó en las últimas semanas debido a la disparidad de criterios aplicados por la administración centralizada en materia de recursos humanos y presupuesto:

• Ingresos vinculados al oficialismo: Los delegados y empleados del sector advierten que las nuevas incorporaciones y recategorizaciones responden a criterios de militancia política afines a la gestión del presidente Javier Milei, relegando la carrera administrativa interna y la idoneidad técnica.
• Paritaria salarial paralizada: El principal foco de indignación radica en la situación salarial del personal existente. De acuerdo con las presentaciones gremiales, los haberes de los trabajadores no registran actualizaciones ni aumentos reales desde hace casi dos años, lo que generó una pérdida severa del poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.
• Falta de insumos operativos: Al reclamo salarial se suma la preocupación por la paulatina reducción presupuestaria para el normal funcionamiento de las delegaciones del interior provincial.

Preocupación por la calidad del servicio a los afiliados

Los representantes de los trabajadores señalaron que este escenario de precarización salarial y saturación de estructuras políticas resiente el clima laboral y afecta la operatividad diaria del organismo prestador. Las bases sindicales ya evalúan la realización de asambleas informativas en la sede central de la Capital y no descartan iniciar medidas de fuerza progresivas que podrían incluir retención de tareas.

Los trabajadores sostienen que el presupuesto institucional debería priorizar la recomposición salarial de quienes sostienen el sistema y optimizar las prestaciones médicas y de medicamentos para los miles de jubilados y pensionados santiagueños, en lugar de financiar nuevas estructuras de carácter partidario.