El Gobierno nacional ha decidido elevar la apuesta en su plan de reforma del Estado. Bajo la premisa de que la participación pública en la economía debe ser nula, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas reveló una estrategia diseñada no solo para vender, sino para "quemar las naves". El objetivo es que cualquier intento de reestatización en el futuro resulte "extremadamente costoso" y jurídicamente inviable para el país.

El titular del área, Diego Chaher, fue el encargado de ponerle voz a una política que busca blindar el programa económico de Javier Milei mediante un entramado de contratos que incluyen penalidades internacionales, buscando desincentivar cualquier cambio de rumbo político en las próximas décadas.

Blindaje internacional: El candado legal

La estrategia oficial no se limita a la transferencia de activos al sector privado, sino que introduce un concepto de "irreversibilidad contractual". Según explicó Chaher, los pliegos de licitación y los contratos de concesión —específicamente en casos de alto perfil como AySA— se están diseñando con cláusulas de protección de inversiones que llevarían cualquier disputa a tribunales extranjeros.

• Sanciones extremas: El plan busca que el costo de "volver atrás" supere cualquier beneficio político, exponiendo a la Argentina a juicios millonarios en foros internacionales.
• Seguridad jurídica: Para el Ejecutivo, esta es la única forma de atraer capitales genuinos, garantizando que las reglas de juego no cambiarán con un nuevo signo de gobierno.

"El objetivo es vender todo"

Con una franqueza que marca un quiebre en la comunicación institucional de los últimos años, Chaher ratificó que no habrá grises en la gestión de las compañías estatales. El criterio no es solo la eficiencia, sino la extinción del rol empresario del Estado.

La medida alcanza a:

1. Empresas estratégicas: Compañías de servicios públicos y logística.
2. Firmas menores: Unidades productivas de menor escala que hoy dependen del presupuesto nacional.
3. Concesiones: Servicios que, aunque no se vendan en su totalidad, pasarán a ser operados bajo esquemas privados por tiempo prolongado.

Un cambio de paradigma estructural

Este enfoque consolida un giro de 180 grados en la organización económica del país. Mientras que en décadas anteriores las privatizaciones permitían márgenes de renegociación, el esquema actual busca la desconexión definitiva.

Para el sector empresarial, el anuncio representa una "garantía de hierro", pero desde los sectores opositores y gremiales ya se advierte sobre la pérdida de soberanía sobre servicios básicos. Lo cierto es que el Gobierno ha trazado una línea en el suelo: el plan de privatizaciones 2026 no busca ser solo una reforma económica, sino un legado inamovible para las próximas administraciones.