BUENOS AIRES – A solo siete días del lanzamiento del Plan ARMA, el Poder Ejecutivo oficializó un ajuste de casi $49.000 millones en la cartera de Defensa. La medida, instrumentada mediante la Decisión Administrativa 20/2026, representa un freno drástico a los programas de equipamiento que el Gobierno había anunciado recientemente para revertir décadas de deterioro.

El recorte, equivalente a unos 35 millones de dólares, impacta en bienes de capital y suministros críticos. El analista Andrei Serbin Pont advirtió que esta decisión contradice el discurso oficial de reequipamiento, señalando que estos recursos deberían haber sido adicionales en lugar de ser utilizados para cubrir vacíos generados por decreto.

Impacto por fuerza

El ajuste afecta de manera desigual pero profunda a las tres ramas militares:

• Fuerza Aérea (-$16.500 millones): Es la más golpeada nominalmente, afectando de forma directa las herramientas y equipos necesarios para el alistamiento de los seis aviones F-16 comprados a Dinamarca.
• Armada Argentina (-$15.220 millones): La quita derivó en la cancelación del crédito para incorporar cuatro helicópteros navales livianos AW109M.
• Ejército Argentino (-$12.622 millones): Se recortaron fondos destinados a transporte, comunicaciones y maquinaria de producción.

Crisis operativa y logística

El ajuste también alcanzó la logística estratégica, afectando las partidas de combustible y lubricantes para la Campaña Antártica. Actualmente, el gasto en Defensa se ubica en un mínimo histórico del 0,28% del PBI, con un agravante: entre el 75% y el 90% del presupuesto se destina únicamente a salarios y pensiones, dejando un margen mínimo para la operatividad.

Sin piso legal de reequipamiento

Un punto clave de la normativa es la derogación de la obligación de destinar el 0,8% del PBI al reequipamiento militar. Al eliminar este piso legal, el sector queda expuesto a decisiones administrativas discrecionales que priorizan el ajuste fiscal por sobre la capacidad de defensa del territorio nacional.