El presidente Javier Milei y el Ministerio de Capital Humano de la Nación anunciaron el lanzamiento del “Gemelo Digital Social”, una innovadora herramienta tecnológica que busca implementar la Inteligencia Artificial (IA) en el diseño de las políticas de asistencia. Si bien desde la Casa Rosada presentaron el proyecto como "un cambio de paradigma que lidera el futuro social", la iniciativa ya encendió fuertes alarmas entre especialistas en ciberseguridad, juristas y legisladores nacionales.

El concepto de "gemelo digital" proviene originalmente de la industria y la era espacial —la NASA lo utilizó en la década de 1960 para simular naves— y consiste en crear una réplica virtual de un sistema real alimentada con datos constantes para predecir fallas y simular qué pasaría ante distintos escenarios económicos o sociales.

Según la gacetilla oficial del Gobierno Nacional, el objetivo es dotar al Estado de "capacidad de anticipación, simulación y prevención" analizando información social, educativa, laboral y territorial de la población. Sin embargo, la gacetilla omite precisiones fundamentales: no define plazos, presupuestos, bases de datos específicas que se utilizarán, ni aclara si el sistema replicará avatares individuales de cada ciudadano argentino.

Alertas por privacidad y soberanía de datos

El anuncio generó inmediata desconfianza en el ámbito técnico y legal de todo el país. Expertos locales e internacionales advirtieron que la centralización y el cruce masivo de información sensible conllevan riesgos severos de vigilancia y discriminación automatizada.

Al respecto, especialistas en políticas públicas para internet señalaron los peligros latentes de esta tecnología:

• Falta de transparencia: El anuncio oficial carece de información sobre contratos, auditorías, consentimiento informado o mecanismos de anonimización de la identidad de las personas.
• Sesgos y decisiones automáticas: Existe el riesgo de aplicar un scoring o "puntuación social" automatizada para dar o dar de baja prestaciones, sin que un humano pueda revisar o apelar la decisión.
• Soberanía digital: Preocupa de manera central que los datos más privados de la población terminen siendo procesados en servidores de corporaciones extranjeras.

Por su parte, referentes de la innovación digital en Argentina recordaron que la legislación vigente prohíbe utilizar datos personales para un fin distinto de aquel para el cual fueron recolectados originalmente.

Pedidos de informes en el Congreso

Ante la liviandad con la que se presentó el proyecto, diputados nacionales de distintos bloques de la oposición no tardaron en reaccionar y presentaron formalmente pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo. Los legisladores exigen conocer en detalle qué software se empleará, qué empresas privadas participarán de las mesas de desarrollo y bajo qué marco legal operará el resguardo de la intimidad de los ciudadanos.

Por el momento, el sistema se encuentra en una etapa de declaración de intenciones y diagnóstico interno. Las definiciones clave sobre arquitectura digital y los proveedores tecnológicos se debatirán en futuras mesas de trabajo, en medio de un clima de profunda preocupación por el uso ético de los algoritmos estatales.