El conflicto presupuestario y salarial que atraviesa el sistema de educación superior en la República Argentina ingresa en una fase de extrema complejidad institucional. A partir de este martes 26 de mayo y hasta el próximo viernes, la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) suspenderá por completo el normal desarrollo de su calendario académico debido a un paro total de actividades dictado por las federaciones sindicales del sector.

La medida de fuerza local fue ratificada por el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE), Santiago Coman, en consonancia con las directivas emanadas por la conducción nacional de la CONADU. El cese de actividades responde a la falta de respuestas consideradas viables y efectivas por parte del Poder Ejecutivo Nacional ante el desfasaje de los ingresos salariales frente a la inflación.

Desde el sector gremial advirtieron que esta huelga de cuatro días representa una profundización sistemática del plan de lucha y anticiparon un escenario aún más complejo para la segunda mitad del año. Según explicó Coman, tras la finalización de esta semana de protesta, las conducciones nacionales evaluarán el impacto de la medida en un plenario donde ya asoma con fuerza el consenso para debatir un paro por tiempo indeterminado inmediatamente después del receso invernal, lo que pondría en serio riesgo el inicio del segundo cuatrimestre en todo el país.

Para encauzar el reclamo, la representación de los docentes santiagueños propuso ante la federación nacional una estrategia que combina la vía administrativa con el recurso a la Justicia Federal, fundamentada en tres ejes centrales:

• Diferenciación de partidas: Exigen separar conceptualmente el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, bienes y servicios del dinero que se requiere para sostener la masa salarial y los hospitales universitarios.
• Intimación administrativa: Demandan la urgente apertura de la paritaria sectorial por fuera de la ley de financiamiento, previendo avanzar con un pronto despacho administrativo como paso previo a una demanda en los tribunales federales.
• Convenio Colectivo: Centrar las demandas en la defensa de la carrera docente, las condiciones de bioseguridad y el medio ambiente de trabajo, recordando que la negociación colectiva es una obligación constitucional para el Estado.

Finalmente, si bien el titular de ADUNSE coincidió en la necesidad de establecer parámetros objetivos y auditorías recíprocas sobre el uso de los fondos públicos, lanzó una dura crítica hacia los criterios netamente financieros con los que se evalúa la gestión educativa actual. El referente gremial concluyó que no se debe mirar a las universidades en términos de capital económico, sino de capital social, dado que es ese factor el que genera una verdadera transformación en la comunidad santiagueña.