SANTIAGO DEL ESTERO – El PAMI local vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Una serie de denuncias internas apuntan a la presunta continuidad de un mecanismo de recaudación donde se exigiría a funcionarios y empleados vinculados a La Libertad Avanza un porcentaje de sus haberes para costear alquileres de sedes partidarias, servicios y hasta desayunos de dirigentes.

Este escenario no es nuevo. El antecedente más directo es el de la Dra. Marcela Coronel, exdirectora del organismo, quien en 2024 denunció que referentes libertarios le exigían el 25% de su sueldo (una cifra superior al millón de pesos). Según su testimonio, al solicitar transparencia sobre el destino de esos fondos, comenzó a recibir hostigamientos que terminaron en su desplazamiento del cargo.

Bajo la lupa: ¿Aportes voluntarios o presión política?

La investigación actual sugiere que estas prácticas podrían haber mutado pero no desaparecido. El malestar dentro de la Unidad de Gestión Local (UGL) es profundo, señalando no solo a la conducción actual, sino a dirigentes externos que ocuparían cargos en otros organismos nacionales y que actuarían como los "recaudadores" de la estructura política.

La frontera entre un aporte militante voluntario y una exacción obligatoria bajo presión laboral es el punto clave. En un organismo público de la sensibilidad del PAMI, el uso de salarios estatales para fines partidarios representa una irregularidad que exige la intervención de los entes de control.

El contraste con la realidad de los jubilados

Mientras crecen las sospechas sobre esta "caja política", la situación de los afiliados es crítica:

• Recortes y demoras: Miles de adultos mayores enfrentan trabas burocráticas para acceder a medicamentos oncológicos, tratamientos de diabetes y derivaciones.
• Austeridad selectiva: Se le exige sacrificio a la población más vulnerable mientras, puertas adentro, el dinero parece desviarse hacia gastos de funcionamiento militante.

Silencio oficial

Todas las miradas se posan hoy sobre Luis Horacio Ochoa, actual titular de la Dirección Ejecutiva Local. Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial que aclare si existen estos pedidos de dinero o qué medidas se están tomando para garantizar que ningún trabajador sea condicionado por su negativa a aportar.

La sociedad santiagueña aguarda una explicación institucional que despeje las dudas: el PAMI es la obra social de los jubilados, no una unidad básica de financiamiento político. El silencio de las autoridades, lejos de calmar las aguas, no hace más que profundizar las sospechas sobre un sistema que parece priorizar el poder por sobre la salud.