BUENOS AIRES – Bajo el lema oficial “2026 - Año de la Grandeza Argentina”, el Gobierno Nacional formalizó este lunes una profunda reestructuración del gasto público. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un recorte neto superior a los $2,5 billones, consolidando la hoja de ruta de equilibrio fiscal mediante la reducción de fondos en áreas sociales críticas y organismos estratégicos.

La disposición administrativa, que lleva la firma del Jefe de Gabinete y el Ministro de Economía, alcanza a programas de salud de alta complejidad, el sistema universitario nacional y el financiamiento de infraestructura básica en el interior del país.

Principales áreas afectadas
El desglosado de la normativa revela un impacto directo en sectores de alta vulnerabilidad:

Salud Pública: El sector sufrió una poda de $63.021 millones. Los recortes más sensibles se aplican a la investigación y tratamiento del Cáncer ($5.000 millones) y al abordaje de VIH, hepatitis y tuberculosis ($800 millones). Asimismo, organismos como el INCUCAI y el Instituto Malbrán sufrieron bajas presupuestarias que comprometen obras de infraestructura sanitaria.

Educación y Universidades: En la previa de la movilización federal, el área de Educación perdió $78.768 millones. Se destaca la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente y un recorte de más de $5.000 millones en infraestructura para trece universidades nacionales, incluyendo la UNLP y la Universidad de Avellaneda.

Obras Provinciales: El ajuste sobre los gobernadores supera los $970.000 millones. La medida paraliza proyectos vitales de saneamiento, como el Acueducto Vipos en Tucumán y plantas depuradoras en Santa Fe y Entre Ríos, afectando el acceso al agua potable y cloacas.

Ciencia y Defensa bajo la "motosierra"
El sistema científico-tecnológico no fue ajeno a la medida. El CONICET registró una baja de $3.280 millones, mientras que el programa espacial (CONAE) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) también sufrieron reducciones en sus créditos.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa perdió más de $46.000 millones, lo que derivó en la cancelación de proyectos de equipamiento para la Armada Argentina, como la incorporación de helicópteros navales livianos.

Desde el Ejecutivo justificaron la medida en los considerandos de la decisión, señalando la necesidad de "adecuar el presupuesto vigente de diversas jurisdicciones" para afrontar gastos prioritarios y el cumplimiento de metas fiscales, mientras se incrementó el límite para el pago de deudas previsionales judiciales de ANSES.